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“Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro” (Confucio – Kǒngzǐ 孔子)
La de este miércoles, 29 de septiembre, será la primera huelga general que sufra el actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que tenía 24 años y era ayudante de Derecho Constitucional en la Universidad de León cuando vio como su predecesor al frente del socialismo español, Felipe González, recibía el primer espaldarazo a su política laboral: la huelga general del 20 de junio de 1985. La diferencia entre el estreno de González y el de Zapatero es que la huelga del miércoles se va a producir en el peor momento económico de la historia de la democracia, mientras que en 1985 coincidió con la salida de la segunda crisis del petróleo y mientras el PIB comenzaba a crecer a un ritmo del 2,5%.
Aquella primera huelga, seguida por cuatro millones de trabajadores según los organizadores y un millón según el Gobierno, fue la primera de la cuatro que sufrió Felipe González en sus 16 años en La Moncloa, pero el ex Presidente socialista no podía calibrar que en 1988, sólo tres años después, sufriría la más famosa de las siete huelgas generales que se han producido durante la democracia, cinco de las cuales han sido convocadas contra Gobiernos del PSOE (1985, 1988, 1992, 1994 y 2010), por una contra el Gobierno de Adolfo Suárez (UCD), en 1978, aunque se protestó por el alto porcentaje de desempleo en Europa y tan sólo duró una hora, y otra contra la reforma laboral de José María Aznar (PP), en 2002.
Pero, volviendo con la huelga general de 1985, no habían pasado ni tres años desde que el PSOE consiguiera su primera mayoría absoluta, cuando CC.OO. (sin UGT, que entonces era un sindicato ligado al socialismo) movilizó a la población contra la reforma de las pensiones, que aumentaba el periodo de cálculo de las pensiones de dos a ocho años, de González, uno de los detonantes que ha desencadenado también la huelga contra Zapatero, a quien critican, entre otras cosas, por modificar o ‘congelar’ las pensiones en 2011, cuando ya más del 70% de los 8,7 millones de pensionistas no cobra los 830 euros de la pensión media mensual.
En 1985, al igual que ahora, la huelga se produjo dentro de un contexto de enorme paro que afectaba a 2,7 millones de personas (el 21% de la población activa). Entonces, Felipe González, el ‘hombre vestido de pana’, dijo que convocar huelga general era “un ejercicio de irresponsabilidad grave por motivos que no son ciertos y ocultar los motivos políticos que no son confesables, y que son la oposición comunista al primer Gobierno socialista”.
Aquel llamamiento a la huelga general paralizó a las grandes empresas industriales españolas, sobre todo en Madrid, Cataluña, País Vasco, Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía. Asimismo, el paro fue masivo en el País Vasco, donde compartía la convocatoria ELA-STV, sindicato afín al PNV y mayoritario en Euskadi. En cambio, los transportes fueron objeto de una dura pugna entre los piquetes que intentaban paralizarlos y la policía que protegía su funcionamiento. Las fuerzas de seguridad consiguieron así, salvo excepciones, que se aplicase el decreto de servicios mínimos publicado por el Gobierno, que garantizaba el servicio en los transportes, sobre todo en horas punta.
Hoy, la situación es muy parecida, con una tasa de paro que está cercana a alcanzar los cinco millones de desempleados y el 20% de la población activa, una situación también crítica que ha llevado a los socialistas a aprobar en solitario una reforma laboral que, además de contar con el rechazo del resto de partidos y sindicatos, le ha valido la primera huelga general de su mandato.
Etiquetas: Felipe González, huelga general, paro, pensiones, PP, PSOE, UCD, Zapatero
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28 de septiembre de 2010
“No hay censura que no sea útil. Cuando no me hace conocer mis defectos, me enseña los de mis censores” (Friedrich Hebbel)
Vía Facebook | Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible (presentación en PDF) de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.
Etiquetas: derechos, economía sostenible, Internet, ley, manifiesto, Zapatero
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2 de diciembre de 2009
Vía ElPaís.es | Popularidad, sentimiento y cercanía. La presentación de la candidatura de Madrid se ha acercado a los sentimientos de los miembros del COI. Y ha querido dar muestra del éxito seguro del evento. El rey Juan Carlos ha señalado que votar por Madrid es votar “por un éxito seguro de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos”. Y ha recordado que la Infanta Elena es la Presidenta de Honor del Comité Paralímpico Español. Alberto Ruiz-Gallardón ha resaltado que “el 86 % de los españoles apoyan la candidatura” y ha señalado que Madrid tiene “garantizado, el compromiso de toda la ciudad y el apoyo de todo el país”.
Mientras, Rodríguez Zapatero ha comenzado su discurso expresando las condolencias al pueblo indonesio por las catástrofes sucedidas y ha deseado todo el éxito a los juegos de Londres. Y ha señalado que el 77% de las infraestructuras están preparadas. También ha resaltado que la candidatura era segura y unida. “Segura, porque su preparación es el resultado de muchos años de trabajo, porque el 77% de las sedes deportivas necesarias ya están listas, porque Madrid cuenta con grandes infraestructuras. Una candidatura segura, un decisión segura, porque España tiene acreditado que puede organizar con brillantez grandes eventos deportivos y culturales”.
Raúl González, capitán del Real Madrid, ha apelado al esfuerzo, compañerismo, solidaridad y el respeto por el juego limpio. Y, muy emotivo, Samaranch Sr. se ha dirigido a los miembros del COI de “colega a colega”: “Tengo 89 años. Les pido, por favor, que consideren la opción de dar a mi gran país el honor de albergar los Juegos en Madrid”.
En dos horas, a las 18:30 horas, conoceremos el resultado del Comité Olímpico Internacional…
Etiquetas: COI, Juegos Olímpicos, Madrid, Madrid 2016, Rey, Ruiz-Gallardón, Zapatero
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2 de octubre de 2009
En el Día Internacional de los Trabajadores, con unos endebles sindicatos, es tan triste como obligatorio denunciar que, nuevamente, y sin concurso público, la industria española del software podría recibir un golpe definitivo por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para beneficiar al monopolio.
En España hay, aproximadamente, 2,6 millones de alumnos de primaria que, según varias filtraciones de prensa no desmentidas, van a recibir un mini-PC con el software de Microsoft preinstalado.
Al margen de excluir a toda la industria española de esta iniciativa, que condicionará el futuro del software en nuestro país, existe el problema del gravoso coste. Si se considerara un precio (rebajado) de 60 Euros por cada sistema operativo y de otros 52 Euros por cada licencia de Microsoft Office para Estudiantes, estaríamos hablando de un dispendio anual y recurrente en el tiempo de prácticamente 100 millones de Euros. Y, a lo anterior, habría que sumar otros costes de licencias, como el antivirus, indispensable para ese sistema operativo (e innecesario para Linux) y que exige contratar actualizaciones de aproximadamente 25 euros anuales por usuario, además del coste de todo el resto de aplicaciones de uso común para Windows, muchas de ellas muy onerosas; así como los sobreesfuerzos de mantenimiento que requiere Windows y que tendrían que sufragar las comunidades autónomas.
Esta intención del Gobierno es completamente censurable, una decisión muy desafortunada que derrocha innecesariamente los fondos públicos, máxime, en un momento tan grave de crisis y de sacrificio para más de 4 millones de españoles sin trabajo, en el que el creciente déficit público preocupa seriamente a la sociedad y cuando las instituciones y agentes sociales claman por cautela económica y buen gobierno.
Una contratación pública irregular y contraria al principio legal de Neutralidad Tecnológica, a la igualdad de oportunidades que debe regir en la Administración Española, así como a los principios de la Ley 30/2007 de Contratos en el Sector Público y de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Una atroz determinación del gobierno socialista que también vulnera los principios reguladores de la adquisición de bienes informáticos, así como los de oportunidad y transparencia económica, eficacia en el gasto y de eficiencia que deben regir una buena administración pública, puesto que hay alternativas libres especialmente orientadas a la educación y que han sido sobradamente probadas en Comunidades Autónomas como Extremadura, Andalucía, Madrid y Valencia, entre otras.
Y, es necesario reseñarlo, las Comunidades Autónomas que ya tienen soluciones para la educación basadas en Software Libre verían invalidadas sus inversiones y su filosofía de trabajo de los últimos 10 años, teniendo que comenzar prácticamente desde cero. Por contra, las soluciones basadas en Software Libre tendrían un coste cero para las arcas de Estado y permitirían invertir esas cantidades en otros menesteres y, sobre todo, en las empresas nacionales, que tanto lo necesitan en este momento para poder crear empleo estable, cualificado e innovador. Es posible hacerse una idea del enorme derroche que supone la decisión de usar el software privativo de Microsoft en este gigantesco y hasta ahora secreto proyecto educativo, calculando que con ese enorme presupuesto se podría pagar la nómina de 3.235 nuevos maestros con un sueldo de 30.000 Euros anuales, o se podrían costear casi 15 millones de vacunas anuales, a 6,5 Euros la unidad.
En tiempos de crisis, es fundamental apostar por las empresas nacionales, apoyándolas en todo lo que sea posible o, al menos, proporcionándoles las mismas oportunidades que a sus competidoras extranjeras. No cabe la menor duda que esta sería la única forma de preservar nuestros empleos, equilibrar nuestra balanza de pagos y aumentar nuestro producto interior bruto, en vez aumentar la brecha de nuestras empresas con sus competidoras foráneas.
No obstante, y vale también para los tiempos de bonanza, es fundamental dar opciones que no hipotequen el futuro de nuestros hijos y, por ende, de España; pues, además de todo lo expuesto aquí, existe una preocupación cultural por la grave “dependencia tecnológica” que se produciría si los estudiantes se educaran, desde la más tierna infancia, sólo y exclusivamente, usando una tecnología cerrada, que es propiedad de una multinacional extranjera y que podría ser discontinuada en cualquier momento por la decisión unilateral de dicha empresa, del mismo modo que ya ha hecho con otros de sus productos.
En definitiva, ¿software libre o software privativo? En la pregunta tenemos la respuesta, una cuestión el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero no nos permite ni plantearnos…
Más información en Hispalinux.es »
Etiquetas: anticrisis, España, Microsoft, plan, Zapatero
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1 de mayo de 2009
Lamentablemente para el Partido Socialista, el Gobierno ya no podrá controlar de forma unilateral los contenidos de la Red, tal y como pretendían, gracias a una oposición que sí piensa en las personas y en sus libertades individuales. Y lo quería hacer a través de la presentación de una Proposición No de Ley para hacer frente a la piratería cultural en Internet, por parte del diputado Rafael Simancas, con la que se permitía al Gobierno, sin una Ley, ordenar los contenidos de Internet.
El recorrido parlamentario de esta iniciativa ha estado lleno de incidentes para el PSOE, que ha puesto de manifiesto la falta de respaldo. El pasado 28 de octubre, Simancas presentó su proposición con la que se pretendía instar al Gobierno «a liderar una estrategia consensuada y eficaz que permita ordenar libremente la circulación de contenidos en Internet para hacer frente a la piratería, garantizando los derechos de los ciudadanos, favoreciendo el desarrollo de la industria cultural y asegurando la debida protección de la propiedad intelectual».
Este texto provocó un gran malestar en los usuarios de Internet, entre los que se encontraba la Asociación Hispalinux, y los socialistas presentaron el lunes una enmienda a su propia proposición, en la que ya habla de que este control se llevará a cabo «sobre la base del acuerdo de todos los sectores implicados: industria de contenidos, operadores de Internet, consumidores y usuarios». Al día siguiente, los populares presentábamos nuestra enmienda que habla de «hacer frente a las actividades ilícitas» y pide un «justo equilibrio entre los diversos derechos fundamentales, particularmente el derecho a la protección de los datos personales, libertad de expresión y de acceso a la información y la defensa de la propiedad intelectual».
Y así, con la aportación de otros grupos parlamentarios, ha surgido la transaccional. En ella ya se habla de que la estrategia se haga «de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Ministros de Cultura de 20 de noviembre de 2008» para instar al Gobierno a «impulsar una estrategia consensuada y eficaz para hacer frente a las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual en el entorno, sobre la base del acuerdo de todos los sectores implicados». Además, subraya que dicha estrategia «ha de garantizar un justo equilibrio en el ejercicio de los diversos derechos fundamentales, particularmente el derecho a la protección de los datos personales», entre otros.
Pese a ello, tal y como ha afirmado el diputado popular José María Lassalle, es lamentable que Simancas no se haya disculpado «con los internautas, a los que ha acusado de piratas», creando una «alarma social» que no podrá borrar. En Internet, señores ¿socialistas?, se guarda todo…
Etiquetas: controlar, Gobierno, Internet, ley, libertad, proyecto, Zapatero
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26 de noviembre de 2008
Ya estamos entrando en los primeros 100 días del gobierno socialista, más de tres meses que sirven para valorar las actitudes y el pulso que el nuevo gobierno quiere imprimir a su legislatura.
Y, sin duda, este tiempo se ha caracterizado por la crisis económica, la más compleja de la reciente historia de España, que vivimos.
Actualmente, en el mundo hay una crisis de financiación, de elevación de los precios de los carburantes, de las materias primas y los alimentos, y España es el país más vulnerable de los países desarrollados porque tenemos un elevado déficit exterior.
Rodríguez Zapatero –para quien la crisis económica es una “fase bajista del ciclo” o una “desaceleración”– puede afirmar que somos el país mejor preparado para hacer frente a la crisis mundial pero, en realidad, tenemos la mayor dependencia de esta crisis. Y su gobierno tiene una gran responsabilidad en esto, pues ha elevado entre tres y cuatro el déficit exterior que heredó de los gobiernos del PP, lo que significa que España, para producir 100 unidades, necesita que el resto del mundo le deje 11.
La economía de un país se mueve por la confianza, por cómo entendemos que va ser nuestro futuro y no por el día a día. Y las expectativas están en su momento más bajo, porque la sociedad española está preocupada sobre su presente y su futuro económico. Mientras tanto, Solbes se limita a hacer disquisiciones filosóficas y el resto del Gobierno declaraciones voluntaristas e improvisadas cada 24 horas que luego no cumplen.
Ciertamente, es lamentable que este Gobierno, que tanto habla de derechos sociales, recorte el derecho social más importante: el derecho al trabajo, porque 207.400 personas se han apuntado al paro en este trimestre. Esto es así, la crisis económica que vive España supone el final del modelo de crecimiento creador de empleo que puso en marcha el Partido Popular cuando llegó al Gobierno en el año 96.
El Partido Socialista es experto en convivir con las crisis y el PP es experto en solventarlas y, por ello, sabe que la solución a esta crisis debe estar basada, entre otras acciones, en la austeridad de las administraciones públicas, una reforma fiscal con la que se reduzca el impuesto de sociedades a las PYME y una reforma laboral negociada con los agentes sociales en línea con la que se hizo en 1997.
Indudablemente, la respuesta del gobierno de Rodríguez Zapatero a la crisis es mucho peor que la propia situación económica de España.
Y, para conocer más datos de ésta y otras situaciones, los Grupos Parlamentarios del Partido Popular en las Cortes Generales, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, han elaborado un balance, que puedes descargar en PDF desde aquí, sobre el gobierno del Partido Socialista en estos primeros 100 días de legislatura.
Etiquetas: 100, crisis, días, Gobierno, PSOE, valoración, Zapatero
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28 de julio de 2008
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