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¿Hay seguridad en la Red en pleno siglo XXI?

¿Hay seguridad en la Red en pleno siglo XXI? ¿Estamos protegidos los millones de ciudadanos que, día a día, realizamos diversos procesos y trámites por medio de un sistema de comunicación como es Internet? ¿Realmente estamos tranquilos y confiados ante la infalibilidad de la Red a la hora de realizarla como instrumento que facilita nuestra vida diaria?

Cierto es que, en este espacio virtual en el que nos movemos, nos encontramos cada día más cómodos, pues podemos realizar tareas diarias en segundos que antes nos costaban, por ejemplo, una mañana entera. Ahí tenemos ejemplos como la compra de productos alimenticios, trámites varios con las Administraciones Públicas, redacciones y envíos de correos electrónicos, etc. Pero, todo ello, es siempre susceptible de posibles errores que, bien es cierto, también suceden en el mundo analógico.

Y esto es algo que el catedrático Sáez Vacas definió muy bien en su concepto de ‘infociudad‘ como ciudad complementaria, transformadora o, por qué no, sustitutoria de la ‘real’:

“El espacio informacional donde los humanos de sociedades desarrolladas, mediante terminales con botones, teclas, pantallas, contraseñas e identificadores varios, se comunican y realizan una parte creciente de sus actividades habituales y otras muchas nuevas, convertidas en señales, símbolos, lenguajes y procesos inmateriales, soportados por una potente infraestructura tecnológica de arquitectura reticular”.

Una definición a través de la cual observamos que, si bien Internet es EL instrumento del presente y del futuro que todos debemos defender por convicción en sus posibilidades, también debemos ser conscientes que, si en el mundo analógico hay seguridad que, por costumbre, ya no percibimos como tal (p.e. los semáforos), también la Red necesita sus propios parámetros de seguridad, que no serán tan diferentes de los anteriores.

No obstante, Internet nos ofrece oportunidades viables y reales para proteger nuestros derechos, tanto para los ciudadanos, entidades públicas y privadas y, claro está, para ambas a la vez. Y podemos poner dos acciones ejemplificadoras:

    1.- La compra, en una tienda virtual, de una cafetera y su posterior pago por TPV (esto es, con tarjeta de crédito a través de un sistema seguro de pago).

    2.- La tramitación de una solicitud a un Ayuntamiento para el arreglo de una farola que se ha fundido en nuestra calle.

Ambos procesos, aunque diferentes en la forma, son acciones que realizamos diariamente en la Red, confiando en las entidades con las que contactamos pero, como decíamos antes, siempre pueden existir diversos problemas en su proceso.

¿Es suficiente con confiar (esperanza) o debemos exigir a la Red que genere una confianza (protección) real a través de una seguridad efectiva?

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2 comentarios 3 de febrero de 2011

‘CYBER-SEGURIDAD’
¿Está España preparada ante un gran ataque?

Ayer, a través de la edición digital del diario El País, tuve la ocasión de leer un artículo acerca de la “ciberseguridad española” y la comparación de su estrategia respecto a países como Estados Unidos de América o Gran Bretaña.

Dicho artículo comenzaba diciendo que Neil Thompson, primer jefe británico de la ciberseguridad, va a reclutar a ex hackers para reconvertirlos en agentes del ciberespacio, y lanzando preguntas, con gran acierto, como ¿quién es el jefe de la ciberseguridad en España? o ¿cómo está organizada España ante un ataque de este tipo?

Por el momento, el Ministerio de Interior, responsable de la seguridad del Estado, ni siquiera se “ha planteado” crear un cargo cuyo cometido sea proteger al país del espionaje electrónico y de ataques cibernéticos, pese a que España es uno de los países con más ataques recibidos (192.921 hasta el momento), y Madrid la primera ciudad por alertas de riesgo, según Interoute.

Además, tampoco hay en nuestro país una única agencia encargada de proteger las redes y tecnologías de la información, por lo que cabría preguntarse, centrando el tema, ¿quién protege las infraestructuras tecnológicas en España? Por un lado, los Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información, siendo seis en la actualidad, tres de ellos de ámbito nacional. Y, por el otro, el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC).

El pasado mes, el Senado ya pidió al Gobierno que mejorara la seguridad en la Red, aprovechando la presidencia española de la UE, encargando al Consejo Nacional Consultivo sobre Cyber-Seguridad (CNCSS), organismo que agrupa a empresas de seguridad, que elabore el Plan Estratégico de Seguridad. Mientras, el presidente del CNCSS, Juan Santana, quien también es consejero delegado de Panda Security, dice que “hay iniciativas, públicas y privadas, y protocolos, pero falta un marco de actuación común con objetivos claros y medibles”.

Y mientras pasa el tiempo, mientras el Senado pide consejo al CNCSS, quien ha propuesto la creación del ciberzar (un organismo dependiente de presidencia del Gobierno, con criterio, autoridad y presupuesto para desarrollar un plan estratégico de ciberseguridad), mientras se siguen creando puestos políticos (de elevados costes) para dar imagen de buena ‘gestión 2.0’ (¿?)… el barómetro de seguridad de Interoute dice que España es, junto a Gran Bretaña, el país más ciberatacado del mundo.

Con todo lo que está aconteciendo, y habría que hablar también de la seguridad de los menores en la Red (Tuenti, Facebook, y demás redes sociales), la agencia europea ENISA ya ha advertido de la necesidad de prepararse ante un eventual “11-S digital”. Pero nuestros políticos, sin distinción del lugar donde se encuentra su sillón en las Cortes Generales, continúan sin tener ni idea de cómo solucionar este problema y, lo que es peor, pues no nos debemos (ni nos deben) engañar, siguen sin saber qué dicen desde Bruselas y de qué narices están hablando ‘esos frikis’ (los que saben de esto) que se pegan tantas horas delante de la pantalla de eso que llaman “ordenador”.

Nuestra única esperanza, como ciudadanos, es el miedo que tiene el Gobierno a que les reprochemos en las urnas con la típica frase: “te lo advertí”

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2 comentarios 24 de julio de 2009

La falta de seguridad de los menores en la Red

La Red es un excelente medio que sirve tanto para informarse como para comunicarse e interactuar con otros usuarios, repleta de formas emocionantes e interesantes de comunicación y aprendizaje, que los menores no dudan en aprovechar por completo. Y éstos, día tras día, se conectan en línea para relacionarse con sus amigos, trabajar en proyectos escolares y, claro está, para jugar, porque las posibilidades que ofrece Internet son infinitas. Pero, como sucede con otros medios de comunicación, también tiene algún inconveniente, como es que los más pequeños puedan acceder a contenidos no aptos, a un mundo de imágenes y lenguajes inadecuados, sin mencionar los elementos delictivos que se esconden tras identidades falsas.

Por ello, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que vela por los derechos y garantías de los abonados y usuarios en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, ha manifestado, por medio de su director –Artemi Rallo–, la “extrema preocupación” por los riesgos a los que se enfrentan los menores en la Red, debido a la ausencia de controles que limiten su presencia en determinados servicios de Internet, “especialmente si éstos facilitan el contacto directo”.

Actualmente, la comisión de delitos, relacionados con el acoso sexual a menores, se ve favorecida por el uso diario del correo electrónico o la mensajería instantánea, provocando nuevos fenómenos como el muy denunciado ‘grooming’, consistente, tal y como se detalla en Wikipedia, en “acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o, incluso, como preparación para un encuentro sexual, posiblemente por medio de abusos”.

Por su parte, el director de la AEPD ha asegurado que la agencia que dirige ha recibido en los últimos meses un total de 19 denuncias relacionadas con redes sociales, “en su mayor parte referidas a la difusión de imágenes o documentos con datos de terceros sin su consentimiento”, destacando que el número de reclamaciones recibidas en los primeros meses de 2009 ha experimentado un incremento del 60%.

De esta manera, la demanda de la Agencia se basa en la necesidad de que los poderes públicos lleven a cabo una actuación decidida, dirigida a la protección de los menores, con el impulso del conocimiento y la formación de éstos sobre la protección de datos personales y la privacidad ante las nuevas tecnologías, proponiendo la creación de un espacio de reflexión donde se evalúen las múltiples problemáticas generadas por la revolución tecnológica.

Pero, además, como podemos escuchar cada día en los distintos debates ciudadanos, también se hace responsable a los padres, quienes tienen el deber de proteger y controlar lo que hacen sus hijos, en este caso, delante del ordenador, pudiendo realizar un ‘ritual’ basado en la revisión periódica del historial de navegación (¿para qué está la opción de ‘limpiarlo’?) o de los contactos que tengan en sus redes sociales (¿y las contraseñas?).

Una actuación que, si nos ponemos a pensar, y más allá de hablar de la privacidad del menor, obligaría a los padres a tener unos conocimientos informáticos superiores o, cuando menos, semejantes a los de sus hijos; lo que me resulta, en la mayoría de los casos, harto complicado.

Por ello, quienes tienen el deber de fomentar la denominada Sociedad del Conocimiento, esto es, las Administraciones Públicas, también tienen la obligación de conocer las amenazas que este ‘mundo’ puede conllevar, ofreciendo soluciones informáticas que impidan el acceso (total o parcial) de los menores a determinadas páginas web, más allá de ‘infantiles’ –y agradecidas– herramientas como el ‘control parental’ de Internet Explorer, mediante la utilización de los instrumentos de los que dispone hoy en día, sujetos a la actual legislación estatal y comunitaria.

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1 comentario 19 de junio de 2009

Multas y sanciones: ¿seguridad o recaudación?

Aprovechando que actualmente se está debatiendo en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley sobre la Reforma del Proceso Sancionador (multas y sanciones), la Plataforma Ciudadana Activa y Permanente de Seguridad Vial ‘Ponle Freno’ ha propuesto a los partidos políticos que se garantice que el importe íntegro de la recaudación de las multas de tráfico se dedique a mejorar la seguridad vial en nuestras carreteras, como complemento a las partidas que ya recogen los presupuestos actuales, pues consideran que es importante solicitar que las nuevas reformas recojan mecanismos que garanticen la transparencia del destino de las sanciones.

Por ello, la plataforma solicita que se recojan en la mencionada Ley partidas cuantificadas procedentes de la recaudación de las sanciones que sean directamente destinadas a fines como planes de educación, formación y reciclaje en seguridad vial, inversiones en I+D+i vinculadas a la seguridad vial, colaboración con los colectivos de afectados y víctimas de accidentes de tráfico y estudios causales e inventarios de los tramos de concentración de accidentes o tramos de riesgo.

Una iniciativa (elaborada por Antena 3, Onda Cero y Europa FM) que se propone para evitar que el importe de las multas tenga tan sólo un aspecto negativo de castigo al infractor, ya que así serviría como un mecanismo de colaboración a la seguridad vial de todos. Pero también para otras cuestiones importantes, tales como para que los ciudadanos sancionados entiendan mucho mejor el significado de una multa y tengan la seguridad de que su importes se dedicará a cuestiones directamente relacionadas con la seguridad vial; para garantizar recursos económicos en aspectos de la Seguridad Vial que no sólo se ciñan a infraestructuras y a personal, sino también a educación, reciclaje e investigación; y, cómo no, para destinar recursos a la colaboración con los colectivos de afectados y víctimas de tráfico, como primeros afectados.

De esta forma, las sanciones repercutirán directamente en la mejora de la seguridad vial de todos y tendrán un fin último que nada tiene que ver con el aumento de la recaudación por parte de las Administraciones Públicas.

Por mi parte, ya he presentado mi adhesión a esta iniciativa, porque considero que las sanciones de tráfico deben servir al ciudadano en materia de seguridad. Así que la pregunta es obvia: ¿crees que las multas y sanciones son motivo de seguridad vial o tan sólo es mera recaudación?

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3 comentarios 12 de marzo de 2009


Orlando Suarez Soy de Aragon

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