Durante el acto se han pronunciado discursos contra el canon digital y la “Industria de contenidos”, al considerar que los modelos de negocio “que no pueden competir” no deben sostenerse “a costa de restringir las libertades civiles”. El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, declaró que el Gobierno no ha atendido ninguna de las reivindicaciones del colectivo, como la universalidad de la banda ancha, para “hacer posible la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento”.

“Hay 4 millones de españoles que no pueden acceder a la banda ancha por el sitio donde viven, tenemos una ralentización del crecimiento del adsl, porque tenemos la banda ancha más cara y más lenta de Europa”, denunció Domingo, quién también arremetió contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, por estar “incapacitada legalmente” para tomar decisiones, debido a su “anterior vinculación al mundo del cine y sus relaciones familiares”.

Por último, en favor de “los derechos civiles de los internautas”, la asociación ha reivindicado, ante la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo, la iniciativa del paquete ‘Telecom’, que debe regular “el nuevo espectro radioeléctrico europeo y la nueva red de banda ancha que se liberará de aquí a 2012, y permitirá que sea utilizada por los distribuidores de Internet mediante una transmisión aún más rápida de la información y más barata”.

La ‘e-polémica’ ministra, en la gala de los Goya, pronunció unas palabras que ya entonces alarmaron a los usuarios de Internet, entre las que se puede destacar una cita en especial: “Hay que seguir peleando. Peleando para que las descargas ilegales no nos hagan desaparecer, para que nuestros administradores comprendan que en el negocio de la red no pueden ganar sólo las operadoras de ADSL, mientras quienes proporcionamos los contenidos, perdemos. Peleando para fomentar la venta y alquiler de películas por Internet de manera justa, cómoda y ventajosa para el usuario. Hay miles de puestos de trabajo en juego”.

Sólo del día en que pronunció esas palabras se podrían extraer muchas otras citas que encendieron la alarma de miles de internautas. Especialmente ahora, que por toda Europa proliferan las leyes contra los sistemas de intercambio de archivos protegidos por derechos de autor sin que España haya dejado aún clara su postura.

Por ello, ya se ha considerado a González-Sinde como persona ‘non grata’ en la Red, así como una “provocación de Zapatero”. Y todo porque es una firme defensora del control de contenidos protegidos por derechos de autor.

El mismo motivo por el que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), se ha apresurado a comentar que se trata de “un nombramiento excelente”, ya que es “una gran conocedora de la cultura” que “seguro que va a promover la creación y a los creadores y a defender los derechos de autor”, según fuentes citadas por la agencia Efe.

Sin embargo, tanto la actuación del anterior ministro, César Antonio Molina, como las últimas campañas del Gobierno en la Red, hacen pensar que el objetivo es frenar las descargas gratuitas de contenidos protegidos para impulsar sistemas que tengan el beneplácito de la industria. El anterior ministro ya sufrió el desgaste de esta dura lucha y González-Sinde llega expuesta de antemano. Pero, para ello, el Ejecutivo tendría que cambiar la legislación, dado que actualmente, en España, no es ilegal intercambiar archivos protegidos por derechos de autor si no es con ánimo de lucro.

En esta especie de lucha por los derechos, deben quedar claras dos cosas: la primera, que el P2P no puede ser considerado ilegal, más allá de palabras políticamente correctas, pues no es sino el intercambio de archivos entre usuarios; y, la segunda, que no se puede estar pagando un canon por la compra de artículos tecnológicos capaces de guardar información (cd, dvd, disco duro, móvil, etc.) y seguir considerando ilegal o, como les gusta llamarlo desde el Gobierno, piratería el intercambio de archivos con derechos de autor.

Hay fórmulas, no sólo el canon, para solucionar este problema, tanto para el usuario como para el que tiene los derechos morales y/o patrimoniales de la obra en cuestión, pero no hay nada más sencillo y excitante que sangrar el bolsillo de todos los ciudadanos.