La ‘e-polémica’ ministra, en la gala de los Goya, pronunció unas palabras que ya entonces alarmaron a los usuarios de Internet, entre las que se puede destacar una cita en especial: “Hay que seguir peleando. Peleando para que las descargas ilegales no nos hagan desaparecer, para que nuestros administradores comprendan que en el negocio de la red no pueden ganar sólo las operadoras de ADSL, mientras quienes proporcionamos los contenidos, perdemos. Peleando para fomentar la venta y alquiler de películas por Internet de manera justa, cómoda y ventajosa para el usuario. Hay miles de puestos de trabajo en juego”.

Sólo del día en que pronunció esas palabras se podrían extraer muchas otras citas que encendieron la alarma de miles de internautas. Especialmente ahora, que por toda Europa proliferan las leyes contra los sistemas de intercambio de archivos protegidos por derechos de autor sin que España haya dejado aún clara su postura.

Por ello, ya se ha considerado a González-Sinde como persona ‘non grata’ en la Red, así como una “provocación de Zapatero”. Y todo porque es una firme defensora del control de contenidos protegidos por derechos de autor.

El mismo motivo por el que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), se ha apresurado a comentar que se trata de “un nombramiento excelente”, ya que es “una gran conocedora de la cultura” que “seguro que va a promover la creación y a los creadores y a defender los derechos de autor”, según fuentes citadas por la agencia Efe.

Sin embargo, tanto la actuación del anterior ministro, César Antonio Molina, como las últimas campañas del Gobierno en la Red, hacen pensar que el objetivo es frenar las descargas gratuitas de contenidos protegidos para impulsar sistemas que tengan el beneplácito de la industria. El anterior ministro ya sufrió el desgaste de esta dura lucha y González-Sinde llega expuesta de antemano. Pero, para ello, el Ejecutivo tendría que cambiar la legislación, dado que actualmente, en España, no es ilegal intercambiar archivos protegidos por derechos de autor si no es con ánimo de lucro.

En esta especie de lucha por los derechos, deben quedar claras dos cosas: la primera, que el P2P no puede ser considerado ilegal, más allá de palabras políticamente correctas, pues no es sino el intercambio de archivos entre usuarios; y, la segunda, que no se puede estar pagando un canon por la compra de artículos tecnológicos capaces de guardar información (cd, dvd, disco duro, móvil, etc.) y seguir considerando ilegal o, como les gusta llamarlo desde el Gobierno, piratería el intercambio de archivos con derechos de autor.

Hay fórmulas, no sólo el canon, para solucionar este problema, tanto para el usuario como para el que tiene los derechos morales y/o patrimoniales de la obra en cuestión, pero no hay nada más sencillo y excitante que sangrar el bolsillo de todos los ciudadanos.