Dicho Real Decreto modificaba el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital (aprobada por el R.D. Legislativo 1/2010) respecto a la forma de convocatoria de las Juntas Generales, indicando que «La junta general será convocada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social». Una medida que, efectivamente, facilita la reducción de cargas administrativas en los actos societarios, dados los altos costes que conllevaban publicar las convocatorias en los medios de comunicación escritos.

Así, dado que la norma es de Derecho necesario, todas las sociedades anónimas con página web (algunos tratadistas, como el Registrador Mercantil de Madrid, interpretan que también las sociedades de responsabilidad limitada) deben publicar la convocatoria a junta general, y las convocatorias a junta extraordinaria, en su página web, en el caso que la tengan (hay que recordar que todas las S.A. cotizadas deben tener su espacio en Internet). Pero la duda surge respecto de cómo acreditar que la convocatoria ha sido efectivamente publicada, dado que, tal y como se hacía anteriormente, ya era suficiente con presentar la página del diario o periódico correspondiente.

De esta manera, algunos registradores mercantiles han decidido aplicar una “moratoria de facto”, lo que evitaría consecuencias indeseadas para aquellas sociedades de capital que incumplan el procedimiento marcado en el nuevo artículo 173. Sin embargo, esa “moratoria de facto” no afecta a los socios que se consideren perjudicados por la inaplicación de la norma, que tienen abierta la vía de impugnación de la convocatoria a junta por defectos de forma, dado que la sociedad no puede demostrar que ha publicado la convocatoria en su web corporativa.

No obstante, dada dicha necesidad de las sociedades de capital, una empresa de Aragón* (ColorIURIS, A.I.E.), algo que ya comienza a ser normal por la gran implicación de este territorio en la gestación de inventos en general y en la Sociedad de la Información en particular, ha dado solución a este obstáculo generando una aplicación patentada (www.convocatoriajunta.es) que acredita fehacientemente el momento de publicación en la página web, garantizando su permanencia durante el plazo legal, con la intermediación de Tercero de Confianza y la auditoría del sitio web con fechados de tiempo emitidos por Autoridades de Fechado reconocidas, como es el caso de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

*DATO: Según un estudio sobre Propiedad Industrial, realizado por la sociedad PONS Patentes y Marcas (especializada en el asesoramiento y gestión de la Propiedad Industrial e Intelectual), Aragón es la comunidad autónoma con mayor número de patentes registradas por habitante, y cuyo porcentaje alcanza las 136 solicitudes por millón de habitantes.

El Atlas Geotemático recoje también imágenes de Aragón obtenidas vía satélite y fotografías aéreas de un gran número de poblaciones. Hay, incluso, un apartado dedicado a la cartografía histórica con mapas que datan del año 1.900. Al margen de la típica información sobre la delimitación geográfica de ciudades, provincias y comarcas, este atlas incluye también cuestiones relacionadas con el medio ambiente, los movimientos sísmicos, los cultivos, la desertificación, el agua o las actividades humanas que se desarrollan en cada lugar.

Así, la versión de Internet se estructura en cuatro grandes bloques de navegación fácil e intuitiva con documentos que ofrecen información sobre el medio natural, la organización del territorio y las actividades humanas:

Bloque 1: CARTOGRAFÍA. Incluye imágenes de satélite que permiten ver un Aragón aéreo por comarcas y también incorpora un inventario de mapas correspondientes al periodo 1900-1960.

Bloque 2: MEDIO NATURAL. Se centra en cuestiones como la desertificación, el clima y el agua, además de informar de los lugares que tienen protección en la Comunidad Autónoma.

Bloque 3: ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO. Aborda diferentes ámbitos territoriales como son comarcas, municipios, entidades, núcleos y diseminados, además de zonas desfavorecidas, de montaña, seccionados o divisiones históricas.

Bloque 4: ACTIVIDADES HUMANAS. Se encuentran cifras oficiales sobre población, movimiento natural, indicadores demográficos, movimientos migratorios o censos. En esta sección es donde se puede conocer, por ejemplo, qué comarcas tienen mayores índices de matrimonios o de jóvenes, dónde hay más población extranjera o las tasas de dependencia de jóvenes y mayores.

Los técnicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio han empleado dos años de trabajo en este atlas. Una obra que está en continua actualización y a la que se irán incorporando nuevos mapas y datos sobre la Comunidad. Además, el atlas se va a poner a la venta al público en las librerías de Aragón y va a ser distribuido también por los colegios de la región.

Además, el Movimiento al Socialismo (MAS) también dio por conseguida la mayoría de los dos tercios en la primera Asamblea Plurinacional (130 diputados y 36 senadores), la llave que necesitaba el dirigente aymara para crear el nuevo Estado, para desarrollar sin trabas su Constitución de corte indigenista y reconstruir a su medida instituciones democráticas clave como el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Corte Electoral.

Así, al conocer los resultados, el presidente salió al balcón del palacio presidencial -en la céntrica plaza Murillo de La Paz- para proclamar su victoria y agradeció al pueblo que le permitiera seguir cinco años más en el puesto y profundizar su “revolución democrática y cultural al servicio del pueblo”.

Por mi parte, tan sólo puedo dedicarle otras palabras muy distintas al pueblo boliviano, y lo quiero hacer en un idioma -el Quechua- que ellos, los que han votado al Sr. Morales, entenderán perfectamente (traducción al castellano):

WAQASHIANKICHU?
Ama p’enk’akuychu, qaqashiankichu…?
Waqallay, cari warmikunapas…
Waqakullanchistaqmi, qan hina sapan kayninpi.
Yuyakullay, chay weqe k’araywanmi
sumaqta ch’uyachinki quepa kausayniykita…
Qespichinkitaq khunan kawsaynikita.
Kusin kanan kay pachapi kawsanayki.
Ichataqmi mana chinkachinkiman
waqanaykipaq manchakuyta cheyqa.
Chhaynaqa yuyay kuraq awqaykiqa
qanmi kanki…

Así, en el pie de la fotografía, que he añadido a continuación, podía leerse lo siguiente: “PROPAGANDA INFATIGABLE. Durante el franquismo, el aparato de propaganda oficial actuó como mandan los cánones en todos los regímenes basados en el caudillaje: con un incesante y omnipresente halago a la persona del líder, oficialmente libre de toda imperfección. Esa muestra, que remite Santos García, da testimonio del recibimiento que se hizo al general Franco en la turolense Alcorisa, con ocasión de una visita a propósito del ferrocarril minero, en 1950″.

Realmente, este lema se situó (en 1950) en buen lugar, un pueblo con políticos honrados [haberlos haylos], como mi buen amigo (para eso estamos) el actual portavoz popular en el Ayuntamiento alcorisano, Abel Sancho; pero no me quiero imaginar, tal y como arrancan los telediarios desde hace unos años hasta hoy, el situar este lema en todas las instituciones públicas españolas…

Dicho artículo comenzaba diciendo que Neil Thompson, primer jefe británico de la ciberseguridad, va a reclutar a ex hackers para reconvertirlos en agentes del ciberespacio, y lanzando preguntas, con gran acierto, como ¿quién es el jefe de la ciberseguridad en España? o ¿cómo está organizada España ante un ataque de este tipo?

Por el momento, el Ministerio de Interior, responsable de la seguridad del Estado, ni siquiera se “ha planteado” crear un cargo cuyo cometido sea proteger al país del espionaje electrónico y de ataques cibernéticos, pese a que España es uno de los países con más ataques recibidos (192.921 hasta el momento), y Madrid la primera ciudad por alertas de riesgo, según Interoute.

Además, tampoco hay en nuestro país una única agencia encargada de proteger las redes y tecnologías de la información, por lo que cabría preguntarse, centrando el tema, ¿quién protege las infraestructuras tecnológicas en España? Por un lado, los Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información, siendo seis en la actualidad, tres de ellos de ámbito nacional. Y, por el otro, el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC).

El pasado mes, el Senado ya pidió al Gobierno que mejorara la seguridad en la Red, aprovechando la presidencia española de la UE, encargando al Consejo Nacional Consultivo sobre Cyber-Seguridad (CNCSS), organismo que agrupa a empresas de seguridad, que elabore el Plan Estratégico de Seguridad. Mientras, el presidente del CNCSS, Juan Santana, quien también es consejero delegado de Panda Security, dice que “hay iniciativas, públicas y privadas, y protocolos, pero falta un marco de actuación común con objetivos claros y medibles”.

Y mientras pasa el tiempo, mientras el Senado pide consejo al CNCSS, quien ha propuesto la creación del ciberzar (un organismo dependiente de presidencia del Gobierno, con criterio, autoridad y presupuesto para desarrollar un plan estratégico de ciberseguridad), mientras se siguen creando puestos políticos (de elevados costes) para dar imagen de buena ‘gestión 2.0’ (¿?)… el barómetro de seguridad de Interoute dice que España es, junto a Gran Bretaña, el país más ciberatacado del mundo.

Con todo lo que está aconteciendo, y habría que hablar también de la seguridad de los menores en la Red (Tuenti, Facebook, y demás redes sociales), la agencia europea ENISA ya ha advertido de la necesidad de prepararse ante un eventual “11-S digital”. Pero nuestros políticos, sin distinción del lugar donde se encuentra su sillón en las Cortes Generales, continúan sin tener ni idea de cómo solucionar este problema y, lo que es peor, pues no nos debemos (ni nos deben) engañar, siguen sin saber qué dicen desde Bruselas y de qué narices están hablando ‘esos frikis’ (los que saben de esto) que se pegan tantas horas delante de la pantalla de eso que llaman “ordenador”.

Nuestra única esperanza, como ciudadanos, es el miedo que tiene el Gobierno a que les reprochemos en las urnas con la típica frase: “te lo advertí”…

Una iniciativa que ya lleva 25 años celebrándose en Francia, consolidada como el evento de cine más importante del año enfocado al espectador (con más de 50 millones de espectadores), donde cada edición consigue movilizar a tres millones de franceses, siendo organizada por la Federation Nationale Des Cinemas Français (FNCF) y que cuenta con el apoyo del Centre National de la Cinematographie (CNC), del sector de la distribución, producción y los actores y actrices, entre los que se encuentran representantes de la talla de Catherine Denueve, Jean Jacques Annaud, Bruce Willis, Vincent Cassel o Monica Belluci. No obstante, los organizadores esperan que en España la asistencia sea de un millón a los 321 cines y 2.860 pantallas (el 95% de la cuota de mercado) que se han sumado al proyecto, y cuyo listado completo de salas adheridas se puede encontrar clicando aquí.

Los organizadores de este evento, que surge como consecuencia de la caída de espectadores constante que el sector viene sufriendo desde el año 2005, atribuida –según los ‘expertos’– al incremento del mal uso de las nuevas tecnologías y descargas de contenidos protegidos de webs no oficiales, en lugar de culpar, en general, a la poca o nula calidad del cine nacional e internacional actual, han elegido este fin de semana porque es cuando acaban los colegios, ya que imbuir en los niños el gusto por la gran pantalla es uno de los objetivos que se han marcado en esta fiesta.

Y lamento decirlo, porque la realidad duele, y mucho, más aún a los que deseamos ver buen cine o, al menos, una pequeña muestra que lo atisbe. Algo que puede comprobarse, a simple vista, gracias al listado de películas que se recomiendan desde la web del evento, que son: “Terminator Salvation”, “Coco, de la rebeldía a la Leyenda de Channel”, “Siete Minutos”, “Jonas Brothers en concierto”, “Los Mundos de Coralina”, “Obsesionada”, “Ejecutiva en Apuros”, “¿Hacemos una porno?”, “KIKA SUPERBRUJA”, “Miss Marzo”, “Te quiero Tío” y “NO-DO”.

Yo, tras ver los films que recomiendan, tan sólo cabe preguntarme: ¿de verdad tiene la culpa Internet de la pérdida de un 25% de espectadores en las salas españolas? Por favor, si el cine que se hace hoy en día (lógicamente, con escasas excepciones, como –por ejemplo– el “Gran Torino” de Clint Eastwood) no es digno ni de ser visionado en televisión… ¡Qué poca vergüenza!

En fin, la idea, tal y como han señalado los responsables de FAPAE, FEDICINE y FECE, y que cuenta con la colaboración de Discine, Canal +, Televisión Española, Movierecord, 40 principales, Yahoo!, FNAC, ADN, entradas.com y 014 media, es repetir esta cita cada año.

Bienvenida sea… Amén.

Durante el acto se han pronunciado discursos contra el canon digital y la “Industria de contenidos”, al considerar que los modelos de negocio “que no pueden competir” no deben sostenerse “a costa de restringir las libertades civiles”. El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, declaró que el Gobierno no ha atendido ninguna de las reivindicaciones del colectivo, como la universalidad de la banda ancha, para “hacer posible la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento”.

“Hay 4 millones de españoles que no pueden acceder a la banda ancha por el sitio donde viven, tenemos una ralentización del crecimiento del adsl, porque tenemos la banda ancha más cara y más lenta de Europa”, denunció Domingo, quién también arremetió contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, por estar “incapacitada legalmente” para tomar decisiones, debido a su “anterior vinculación al mundo del cine y sus relaciones familiares”.

Por último, en favor de “los derechos civiles de los internautas”, la asociación ha reivindicado, ante la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo, la iniciativa del paquete ‘Telecom’, que debe regular “el nuevo espectro radioeléctrico europeo y la nueva red de banda ancha que se liberará de aquí a 2012, y permitirá que sea utilizada por los distribuidores de Internet mediante una transmisión aún más rápida de la información y más barata”.

Por ello, la plataforma solicita que se recojan en la mencionada Ley partidas cuantificadas procedentes de la recaudación de las sanciones que sean directamente destinadas a fines como planes de educación, formación y reciclaje en seguridad vial, inversiones en I+D+i vinculadas a la seguridad vial, colaboración con los colectivos de afectados y víctimas de accidentes de tráfico y estudios causales e inventarios de los tramos de concentración de accidentes o tramos de riesgo.

Una iniciativa (elaborada por Antena 3, Onda Cero y Europa FM) que se propone para evitar que el importe de las multas tenga tan sólo un aspecto negativo de castigo al infractor, ya que así serviría como un mecanismo de colaboración a la seguridad vial de todos. Pero también para otras cuestiones importantes, tales como para que los ciudadanos sancionados entiendan mucho mejor el significado de una multa y tengan la seguridad de que su importes se dedicará a cuestiones directamente relacionadas con la seguridad vial; para garantizar recursos económicos en aspectos de la Seguridad Vial que no sólo se ciñan a infraestructuras y a personal, sino también a educación, reciclaje e investigación; y, cómo no, para destinar recursos a la colaboración con los colectivos de afectados y víctimas de tráfico, como primeros afectados.

De esta forma, las sanciones repercutirán directamente en la mejora de la seguridad vial de todos y tendrán un fin último que nada tiene que ver con el aumento de la recaudación por parte de las Administraciones Públicas.

Por mi parte, ya he presentado mi adhesión a esta iniciativa, porque considero que las sanciones de tráfico deben servir al ciudadano en materia de seguridad. Así que la pregunta es obvia: ¿crees que las multas y sanciones son motivo de seguridad vial o tan sólo es mera recaudación?

El recorrido parlamentario de esta iniciativa ha estado lleno de incidentes para el PSOE, que ha puesto de manifiesto la falta de respaldo. El pasado 28 de octubre, Simancas presentó su proposición con la que se pretendía instar al Gobierno «a liderar una estrategia consensuada y eficaz que permita ordenar libremente la circulación de contenidos en Internet para hacer frente a la piratería, garantizando los derechos de los ciudadanos, favoreciendo el desarrollo de la industria cultural y asegurando la debida protección de la propiedad intelectual».

Este texto provocó un gran malestar en los usuarios de Internet, entre los que se encontraba la Asociación Hispalinux, y los socialistas presentaron el lunes una enmienda a su propia proposición, en la que ya habla de que este control se llevará a cabo «sobre la base del acuerdo de todos los sectores implicados: industria de contenidos, operadores de Internet, consumidores y usuarios». Al día siguiente, los populares presentábamos nuestra enmienda que habla de «hacer frente a las actividades ilícitas» y pide un «justo equilibrio entre los diversos derechos fundamentales, particularmente el derecho a la protección de los datos personales, libertad de expresión y de acceso a la información y la defensa de la propiedad intelectual».

Y así, con la aportación de otros grupos parlamentarios, ha surgido la transaccional. En ella ya se habla de que la estrategia se haga «de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Ministros de Cultura de 20 de noviembre de 2008» para instar al Gobierno a «impulsar una estrategia consensuada y eficaz para hacer frente a las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual en el entorno, sobre la base del acuerdo de todos los sectores implicados». Además, subraya que dicha estrategia «ha de garantizar un justo equilibrio en el ejercicio de los diversos derechos fundamentales, particularmente el derecho a la protección de los datos personales», entre otros.

Pese a ello, tal y como ha afirmado el diputado popular José María Lassalle, es lamentable que Simancas no se haya disculpado «con los internautas, a los que ha acusado de piratas», creando una «alarma social» que no podrá borrar. En Internet, señores ¿socialistas?, se guarda todo…

El actual momento de crisis económica está poniendo de manifiesto, una vez más, los desequilibrios en el modelo de financiación local que puede afectar muy gravemente a la forma y calidad de prestación de servicios a los vecinos por parte de los Ayuntamientos. La situación financiera de muchos municipios es difícil y se ha agravado sustancialmente en los últimos meses.

La caída generalizada de la economía española tiene una especial incidencia en las arcas municipales donde, por ejemplo, los ingresos locales vinculados a la actividad urbanística están disminuyendo y ya han dejado de situarse en el 20% del total de ingresos de los municipios. A esto, hay que añadir la dificultad de acceso al crédito, que es mayor que otras Administraciones, así como el difícil cumplimiento de los requisitos de estabilidad presupuestaria a pesar de los planes de austeridad que muchos municipios están aprobando ya.

Asimismo, se añade el problema estructural de la financiación local que se lleva arrastrando en España en los últimos 30 años, debido, entre otras causas, a los servicios que prestan los Ayuntamientos sin ser de su competencia, por ser la Administración más cercana a los vecinos y sensible a su demanda. Por ello, se hace obligatorio poner en marcha, de manera inmediata, reformas institucionales y en el ámbito de la financiación que permitan empezar a dar solución a este problema. El Gobierno tiene que reconocer, en este sentido, la importante labor y esfuerzo económico que en materia de dependencia están desarrollando los municipios en la actualidad.

Es por ello que la negociación y ejecución de un nuevo modelo de financiación local tiene que ser inminente y simultáneo a la reforma autonómica. Y, de igual modo, debe establecer las bases del Pacto Local para el traspaso de competencias y financiación desde las Comunidades Autónomas a los Entes Locales.

Ya el pasado 27 de mayo, el Comité Ejecutivo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó una resolución en la que se reiteraba la necesidad de abordar la reforma de la financiación local de forma global y en su conjunto, manifestando igualmente que dicha negociación debía realizarse de forma simultánea y vinculada a la financiación autonómica. Todo ello en el marco de los compromisos expresados por el Gobierno:

“Preocupación por las previsiones presupuestarias para 2009 en cuanto a la participación de los Entes Locales en los Ingresos del Estado, que ha avanzado el Ministerio de Economía y Hacienda”.

El incremento de la tasa de paro registrado, la escasa evolución del empleo, el recorte en las previsiones de crecimiento del PIB, se juntan con unas previsiones de crecimiento para 2009 de solo un 1%.

En este contexto, las cifras avanzadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, para la Participación de los Entes Locales en Ingresos del Estado de 2009, son muy preocupantes y ponen a las arcas locales al borde del abismo, ya que los ingresos fiscales se están viendo sensiblemente reducidos por la crisis inmobiliaria, al igual que la venta de suelo municipal, y el recurso al endeudamiento, siendo mucho más inaccesible que para el Estado o las CCAA.

Si se materializa esta previsión, las Entidades Locales van a perder financiación en términos reales en casi 700 millones de euros, 690 más concretamente, por la práctica congelación de las entregas a cuenta en 2009, dado que el IPC puede situarse probablemente en un 4%.

Por ello, a través de los Grupos Municipales del Partido Popular en los diferentes Ayuntamientos, se somenterán a consideración plenaria la aprobación de los cuatro apartados detallados a continuación:

PRIMERO.- Reclamar al Gobierno de España un Acuerdo simultáneo y vinculado con las Comunidades Autónomas y los Entes Locales para la reforma urgente de la financiación local paralela a la de financiación autonómica y para establecer las bases del Pacto Local, de forma que los Entes Locales puedan contar antes de que finalice este año con unas normas claras y precisas que se adecúen a sus necesidades reales de financiación, les doten de mayor capacidad normativa y solucionen el déficit arrastrado por la prestación de servicios impropios.

Igualmente, se insta al Gobierno para que la futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local aborde definitivamente la delimitación precisa de las competencias de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales al objeto de evitar la situación actual de asunción de competencias impropias.

SEGUNDO.- Exigir al Gobierno de la Nación la creación urgente de un Consejo Local de Política Financiera, que se reunirá trimestralmente con la Administración General del Estado y en el que participarán la Federación Española de Municipios y Provincias, los seis mayores municipios de España y una representación de municipios medianos y pequeños para tratar los temas de interés bilateral: actualización del catastro, transferencias estatales, gestión de los convenios y cooperación administrativa.

TERCERO.- Exigir al Gobierno de la Nación un incremento en la Participación en Ingresos del Estado por parte de los Entes Locales para el Ejercicio 2009.

CUARTO.- Solicitar al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, la celebración de una Asamblea Extraordinaria de la FEMP que reivindique la reforma de la financiación local, su estabilidad presupuestaria y el saneamiento de las haciendas locales, de forma que puedan los Entes Locales garantizar a los ciudadanos los servicios que necesitan en condiciones de igualdad y equidad, y para alcanzar el peso político e institucional que corresponde a los Entes Locales como administración más cercana.

Y, sin duda, este tiempo se ha caracterizado por la crisis económica, la más compleja de la reciente historia de España, que vivimos.

Actualmente, en el mundo hay una crisis de financiación, de elevación de los precios de los carburantes, de las materias primas y los alimentos, y España es el país más vulnerable de los países desarrollados porque tenemos un elevado déficit exterior.

Rodríguez Zapatero –para quien la crisis económica es una “fase bajista del ciclo” o una “desaceleración”– puede afirmar que somos el país mejor preparado para hacer frente a la crisis mundial pero, en realidad, tenemos la mayor dependencia de esta crisis. Y su gobierno tiene una gran responsabilidad en esto, pues ha elevado entre tres y cuatro el déficit exterior que heredó de los gobiernos del PP, lo que significa que España, para producir 100 unidades, necesita que el resto del mundo le deje 11.

La economía de un país se mueve por la confianza, por cómo entendemos que va ser nuestro futuro y no por el día a día. Y las expectativas están en su momento más bajo, porque la sociedad española está preocupada sobre su presente y su futuro económico. Mientras tanto, Solbes se limita a hacer disquisiciones filosóficas y el resto del Gobierno declaraciones voluntaristas e improvisadas cada 24 horas que luego no cumplen.

Ciertamente, es lamentable que este Gobierno, que tanto habla de derechos sociales, recorte el derecho social más importante: el derecho al trabajo, porque 207.400 personas se han apuntado al paro en este trimestre. Esto es así, la crisis económica que vive España supone el final del modelo de crecimiento creador de empleo que puso en marcha el Partido Popular cuando llegó al Gobierno en el año 96.

El Partido Socialista es experto en convivir con las crisis y el PP es experto en solventarlas y, por ello, sabe que la solución a esta crisis debe estar basada, entre otras acciones, en la austeridad de las administraciones públicas, una reforma fiscal con la que se reduzca el impuesto de sociedades a las PYME y una reforma laboral negociada con los agentes sociales en línea con la que se hizo en 1997.

Indudablemente, la respuesta del gobierno de Rodríguez Zapatero a la crisis es mucho peor que la propia situación económica de España.

Y, para conocer más datos de ésta y otras situaciones, los Grupos Parlamentarios del Partido Popular en las Cortes Generales, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, han elaborado un balance, que puedes descargar en PDF desde aquí, sobre el gobierno del Partido Socialista en estos primeros 100 días de legislatura.

Desde el Partido Popular, como defendemos en nuestro programa electoral, estamos convencidos que ha llegado la hora de actuar para crear esa red wifi en nuestra ciudad, de forma que todos los vecinos podamos aprovecharnos de las ventajas de Internet a unos precios asequibles, graduales y, finalmente, gratuitos, haciendo posible en Zaragoza no una Milla Digital, sino una verdadera Ciudad Digital.

Esa es una de las diferencias entre el proyecto de los populares y el de los socialistas, el simple hecho de que nosotros queremos que todos los zaragozanos, y no sólo una zona de la ciudad, podamos aprovecharnos de los ilimitados servicios que, hoy en día, nos ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Pero, además, nos proponemos desplegar una red inalámbrica ciudadana sin contradicción con el despliegue de las redes de comunicaciones de las compañías privadas de este sector, y respetando la política de negocio que estas compañías puedan tener. Algo que, durante cuatro largos y malempleados años, no ha sabido plantear el gobierno municipal PSOE-CHA. Y no lo decimos nosotros, pues de eso ya se encargó -hace un año- el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que, de manera reiterada, informó al Ayuntamiento que su proyecto resultaba jurídicamente imposible porque pretendía que las redes se mantuvieran “bajo titularidad pública”. Concretamente, el Ministerio basaba sus argumentaciones en el artículo 5 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, por la que se establece que “la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas se realizará en régimen de libre competencia sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo”.

Siendo serios, resulta del todo incomprensible que nuestro gobierno municipal no haya sabido, durante estos cuatro años de legislatura, que se debe garantizar la no discriminación entre los operadores, así como el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en el sector. Un asunto tan lamentable como ver al señor Gaspar ‘clavar’ -hace pocos días- unas antenitas inalámbricas en Valdespartera, como si nos quisiera decir que sí es posible implantar una red WiFi en Zaragoza…

Sí, si está muy claro que se puede, pero no saltándose la Ley, como hemos visto en este tiempo en diversos asuntos municipales, sino teniendo en cuenta las limitaciones estatales existentes que, cierto es, pienso que deberían revisarse. Y, por cierto, me pregunto dos cosas: ¿qué empresa provee Internet a través de esa red inalámbrica? y ¿se ha hecho concurso público entre los posibles operadores o es tan sólo una pantomima para ganar votos y, tras las elecciones, habrá que ‘arrancarlas’ de allí?…

Sinceramente, no creo que sea mucho pedir el tener unos representantes municipales que sepan hacer las cosas desde el interés general de los zaragozanos y, no habría ni que decirlo, desde lo jurídicamente posible.

El pasado sábado, en el Diario ABC, se publicaba un editorial respecto a la postura del Gobierno por controlar judicialmente las páginas web ampliando, por si fuera poco, el ámbito de actuación de entidades como, por ejemplo, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ante actividades presuntamente vulneradoras de la propiedad intelectual. Un artículo que empieza bien, diciendo que “Se incrementa la presión que ejercen sobre el Gobierno ciertas entidades de gestión de los derechos de autor”; pero, como dice nuestro gran refranero español, “contra el vicio de pedir está la virtud de no dar”.

Ya he hablado de este asunto en varias ocasiones, pero la persistencia del Gobierno Socialista, así como su conocida manera de actuar ante los ciudadanos -enviándonos “globos sonda” como si no tuviéramos dos dedos de frente-, requiere de la necesaria difusión por parte de todos para exigirles que desistan de censurar la Red. Cuando ya se había retirado de la LISI el polémico artículo 17 bis, que permitía a dichas entidades cerrar o bloquear páginas web sin orden judicial, el asunto reaparece en otro Anteproyecto de Ley que empieza a circular y que ha sido remitido a informe del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones.

Por supuesto, los derechos de autor deben ser protegidos, pero no vulnerando gravemente los principios más elementales del Estado de Derecho. Como bien se expone en la web de ColorIURIS, el reconocido sistema mixto de autogestión y cesión de derechos de autor que yo utilizo para mi bitácora, es una necesidad el hecho de “preservar los derechos morales y fomentar -a un tiempo- la libre circulación de la cultura y la protección de los contenidos en la red”.

A día de hoy, cuando la gran mayoría de los españoles todavía no entendemos que tengamos que pagar un canon por adquirir artículos como los CD’s, DVD’s, discos duros, etc., y que esto no sirva para adquirir algún tipo de derecho, desde Moncloa prosiguen su amenaza por controlar lo incontrolable. Y digo incontrolable porque, aunque no quieran verlo -o quizá porque sí lo ven-, Internet es el sistema de comunicación más poderoso que jamás ha tenido en sus manos el ciudadano, y luchar contra esto es un imposible, una temeridad y, para que lo entiendan los ‘eruditos’ del Gobierno de D. José Luis Rodríguez Zapatero, la manera más rápida de perder el apoyo de los electores.

La Asociación de Internautas, que está trabajando muy bien para dar a conocer a los usuarios de Internet las intenciones que comprende esta Ley, ha elaborado un pequeño listado sobre algunos de los hechos que la convierten en “todo un ataque a los usuarios de intercambio de archivos P2P”, como por ejemplo:

• Convierte al prestador de servicio en árbitro o en policía de la Red para acusar a tus clientes de las ilicitudes que un tercero diga que se realizan. El reparto de cargas sobre el que bascula el sistema de colaboración es desproporcionado a favor de las entidades y asociaciones beneficiarias.
• Pretende introducir una garantía judicial sin contenido real ya que tras la presentación de la solicitud de diligencias preliminares no hay que esperar a que el Juez se pronuncie acerca de su procedencia o improcedencia.
• Puede afectarse por Ley ordinaria los derechos fundamentales a la libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones y además en una atmósfera de ausencia absoluta de garantía de intervención pública en todas sus formas.

Hay más puntos importantes, que pueden leerse a través de este enlace, pero me parece un buen ejemplo de lo que nos espera si el Gobierno resuelve consumar su gran fracaso, naufragando en este océano que es Internet y, finalmente, pereciendo a la deriva porque no habrá una ‘red’ que les salve.

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), la Asociación de Internautas, Panda Software, Telefónica y ONO han lanzado hoy la II Campaña contra el fraude on-line y por la seguridad en la Red, que se desarrollará hasta el próximo 9 de mayo.

Esta segunda campaña, al igual que la de hace menos de un año, “nace (quizá habría que decir “nació” o “continúa”) como respuesta a las amenazas que existen en Internet, cada día más frecuentes y silenciosas”. De hecho, según la 9ª Encuesta a Usuarios de Internet “Navegantes en la Red”, realizada por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), la infección por virus o programas espía siguen siendo uno de los principales problemas con los que se encuentran los internautas a la hora de utilizar Internet.

En el sitio web, que se ha elaborado para esta ocasión, los internautas tendrán a su disposición consejos y recomendaciones sobre seguridad, pudiendo descargar las pertinentes e “indispensables” herramientas para una navegación segura.

Además, la campaña contará con un servicio de línea abierta por correo electrónico, atendido por miembros de la Asociación de Internautas y por expertos en legislación digital, seguridad hardware y software, y comunicación digital. No en vano, en la primera campaña “no más fraude on-line” se recibieron más de 15.000 denuncias de los usuarios y, gracias a la colaboración de los internautas, se descubrieron más de 200 intentos de fraude on-line y robos de identidad, así como un gusano capaz de enviar mensajes SMS para infectar teléfonos móviles.

Respecto a su organización, comparándola con la anterior campaña, existen sustanciales diferencias:

• El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ya no participa o, cuando menos, no lo hace de manera directa. Hay que recordar que, en la anterior ocasión, figuraban como organizadores tanto el MITC como el INTECO.
• Para la difusión de esta segunda campaña en Internet, se ha creado una nueva web con un dominio diferente, siendo en la primera nomasfraude.es y, para esta ocasión, seguridadenlared.org.
• El número de colaboradores ha disminuido en gran medida. Panda Software, Telefónica y Ono son los actuales patrocinadores, por lo que no han renovado su apoyo públicamente diversas instituciones públicas -como el Gobierno de Castilla La Mancha o el Ministerio de Interior- y empresas -como Banesto, Iqua, Windows Live, Banco Santander, UOC, Caja España, Caja Duero, Páginas Amarillas, Noxtrum, Arrakis, Orange, Hispavista o Softonic, entre muchas otras-.

Lo que no ha cambiado un ápice, para desgracia de los que no usamos IE como navegador, es el análisis gratuito de Panda Antivirus (NanoScan y ActiveScan) que ofrecen a través de la página web. Si bien, en esta ocasión, piden disculpas por tan negativo hecho, añadiendo que “Nos encanta Firefox pero TotalScan necesita la tecnología ActiveX de Microsoft que no es compatible con Firefox. Estamos trabajando en una solución para los usuarios de este navegador”.

Por ello, el Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, ha recordado a todos los usuarios de telefonía móvil que, debido a estas modificaciones al alza de las tarifas, pueden darse de baja sin penalización alguna.

Ante estas variaciones, Consumo recuerda dos aspectos. El primero, que el usuario tiene derecho a ser informado con un mes de antelación de las modificaciones de tarifas de telefonía móvil. Y el segundo, que las operadoras no podrán condicionar la portabilidad -cambio de operador con conservación del número- más que en el caso de corte previo del servicio por falta de pago.

De esta manera, en el caso que los usuarios decidan no aceptar las modificaciones de tarifa propuestas por las operadoras, tienen derecho a desistir del contrato sin estar condicionado u obstaculizado por las cláusulas de permanencia, ni vincularse a pagos previos en concepto de penalización, siendo las cláusulas de penalización más comunes las relacionadas con permanencia o financiación del aparato terminal.

Así, el INC expone los tres supuestos posibles:

• Si la cláusula de penalización tiene su origen en un compromiso de permanencia con motivo de la oferta de condiciones especiales del contrato (especialmente, en los precios), el operador no podrá reclamar penalización alguna por desistimiento del consumidor puesto que no se produce por la voluntad de éste, sino en base a una modificación unilateral del contrato por parte del operador.
• Si la cláusula de penalización tiene su origen en un compromiso de permanencia como contraprestación a la financiación del terminal, ésta debe cumplir con los requisitos legales de proporcionalidad, y no podrá suponer la pérdida de cantidades abonadas por adelantado, el abono de servicios no prestados efectivamente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con daños efectivamente causados.
• Si no hay común acuerdo entre el usuario y el prestador del servicio de telefonía serán, en último extremo, los tribunales quienes deberán pronunciarse sobre la procedencia y alcance de la penalización o indemnización, sin que pueda condicionarse, en ningún caso, el desistimiento del contrato al previo pago de esta penalización.

El operador tampoco podrá condicionar la portabilidad al abono de penalización alguna. Este derecho sólo puede negarse si se ha producido previamente la suspensión del servicio por falta de pago del usuario. No basta, por lo tanto, el mero impago de éste, sobre todo si decide darse de baja en un contrato ante una modificación de tarifas propuesta y discute la aplicación de determinadas cláusulas penales de ese contrato.

Para cualquier reclamación relacionada con el derecho a darse de baja en el contrato, la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones ha puesto a disposición de los consumidores el teléfono 901336699 y la página de Internet www.usuariosteleco.es, no siendo competente sobre reclamaciones que se refieran a penalizaciones por baja asociadas a la financiación de los terminales.

Igualmente, se indica que si los clientes de telefonía lo desean, podrán dirigirse a la Junta Arbitral de Consumo que les corresponda por razón de su domicilio.