ELPAIS.com ha abierto un debate acerca del impuesto que grava la tecnología con el fin de compensar a los creadores de contenidos por las copias privadas y piratas y que, actualmente, está a punto de extenderse a nuevos dispositivos como los reproductores MP3 o los lápices USB.

ELPAIS.com | Después de tres meses de negociación, las asociaciones de gestión de derechos de autor y los fabricantes de productos de electrónica no han logrado ponerse de acuerdo sobre qué nuevos dispositivos van a estar gravados con el polémico canon digital que pretende compensar a los autores y productores de contenidos por las copias piratas.

La molesta pelota se ha quedado en el tejado de los Ministerios de Industria y Cultura que, a falta de un acuerdo en el sector, son los responsables de decidir a qué nuevos aparatos se debe aplicar el canon digital y la cantidad que se debe aplicar a cada dispositivo.

Actualmente, el canon digital se aplica a todas las versiones de CDs y DVD suscitando todo tipo de críticas, desde juristas que utilizan gran cantidad de estos discos para grabar sentencias que nada tienen que ver con los derechos de autor a particulares que han reclamado con éxito la devolución de este impuesto a pequeñas tiendas porque los utilizaban para otros fines que no son almacenar canciones o películas.

De hecho, una de las principales críticas que se hace del canon digital es su aplicación indiscriminada, pero también se está discutiendo las cuantías, que el sector tecnológico considerada excesivas. La plataforma TODOS CONTRA EL CANON, una iniciativa de las principales asociaciones de fabricantes y usuarios, ha reunido ya más de 900.000 firmas que exigen que se retire este impuesto por considerarlo injusto y una traba para el avance de la sociedad de la información. Esta plataforma ha llevado el caso hasta la Comisión Europea, ante la que presentó una denuncia el pasado 20 de noviembre.

El canon digital es, para los generadores de contenidos, el único sistema de compensar las pérdidas que les producen estas copias ilegales, según defienden las distintas asociaciones. Y su intención, avalada por la nueva Ley de Propiedad Intelectual, pasa por extender este canon a los reproductores de MP3, los dispositivos USB y hasta las conexiones ADSL.

Todo depende de las conclusiones que aborden los Ministerios de Industria y el de Cultura que se encuentran en la encrucijada de tener que proteger la cultura a través de unas medidas muy poco populares que, además, encare el acceso a la sociedad de la información, cuyo fomento es otra de las grandes asignaturas pendientes de la economía española.

ELPAIS.com irá publicando, en estos días, las opiniones de las distintas partes. Hoy se iniciará la discusión con las columnas de Pedro Farré, director de Relaciones Corporativas de la SGAE, y Edmundo Fernández Puértolas, director de electrónica de AETIC.