Todos los marcos y todas las épocas han contado con su propia revolución civil, como fue el caso de la revolución francesa en el siglo XVIII, un conflicto social y político que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen, iniciándose con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional. Un suceso que fue motivado por la grave crisis económica que se estaba atravesando, al igual que el hecho de que los ingresos que obtenía la monarquía vinieran –únicamente– a través de los impuestos de los campesinos y burgueses, dados los privilegios de la nobleza y el clero.

Así, nuestra época, el tiempo que estamos viviendo, no podía ser menos, pese a que la situación, lógicamente, no es la misma. Sin embargo, sí podemos contemplar algunos parecidos con el ejemplo anterior, como es el caso de una grave crisis económica, el acrecentado incremento de los impuestos o los privilegios que, aún hoy, tienen algunas ‘clases sociales’.

Pero si algo diferencia, ante todo, a estos dos hitos históricos es la comunicación de la sociedad civil. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han permitido eliminar barreras que impedían la ‘conversación’ en las sociedades contemporáneas. Una conversación, la esencia más pura de la democracia, como bien explicó el Dr. Juan Freire en el año 2006, que ha ido ampliándose en el tiempo, comenzando por grupos sociales pequeños que utilizaban la comunicación cara a cara (de pocos a pocos); sin embargo, el crecimiento demográfico y el desarrollo de las agregaciones urbanas hicieron inefectiva la comunicación tradicional y provocaron la aparición de los medios de masas (de uno o pocos a muchos); pero, por el camino, quedaron aspectos esenciales de participación ciudadana que ahora, gracias a las nuevas tecnologías, ha regresado al origen aunque a una escala mucho mayor (de muchos a muchos).

Y la herramienta responsable del regreso al modelo de participación ciudadana activa y directa ha sido la Web 2.0, esto es, los blogs, los agregadores, las redes sociales, etc. Todos ellos, medios de comunicarse para la organización ciudadana, que han pasado a actuar como un control mucho más efectivo del poder político, originando grupos numerosos de ciudadanos que poseen características comunes, análogas entre sí. Este es el caso, como estamos viendo nacer actualmente, de iniciativas españolas tales como “Juventud sin futuro” o “Somos el cambio”, que utilizan la Red (Blogger, WordPress, Facebook, Twitter, etc.) para agrupar y comunicar sus manifiestos a un número importante de personas, siendo la interactividad y la multilateralidad sus aspectos más importantes, puesto que sitúan el control de la comunicación en manos del conjunto de internautas, ofreciendo la oportunidad exclusiva de generar relaciones activas y directas entre una pluralidad de personas: la Ciber-Revolución o Revolución 2.0.

La clase política, cierto es, ha tenido su momento para acercar el gobierno al ciudadano, a través de sistemas como la e-democracia o la e-cognocracia (término acuñado por el zaragozano Dr. José María Moreno Jiménez) pero, desgraciadamente, no ha querido o no ha sabido aprovecharlo. Ahora es el turno del ciudadano, cansado de contemplar la ineptitud de los políticos ante una comprometida crisis económica que ha levantado a una sociedad civil supuestamente ‘acomodada’ por el llamado “estado del bienestar” que, más que felicidad y deseo de vivir, estaba provocando desidia, apatía e inapetencia por la defensa de nuestros derechos sociales.

Hoy, 15 de marzo, celebramos el Día Mundial de los Derechos del Consumidor; una jornada para promover los derechos fundamentales de todos los consumidores, para exigir que sus derechos sean respetados y protegidos, y para protestar contra los abusos del mercado y las injusticias sociales que los socavan. Un día que fue celebrado, por primera vez, el 15 de marzo de 1983 y, desde entonces, ha sido una ocasión importante para la movilización de la ciudadanía por sus derechos.

Así, si bien en el año 2009 se puso de manifiesto de manera inapelable los efectos de la crisis y el papel que el sistema financiero ha tenido en ella, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor 2010 debe ser una fecha para la denuncia y la reivindicación de los consumidores y usuarios y para el impulso a un necesario cambio del modelo de sociedad y de consumo. Una acción que no debe quedarse en esta fecha sino que, muy al contrario, debe ser el punto de partida para unos y una continuación para otros.

Este día tiene su origen en una declaración hecha por el ex Presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, sobre cuatro derechos básicos:

• Derecho a productos y servicios seguros
• Derecho a ser informado/a
• Derecho a elegir
• Derecho a ser escuchado/a

Posteriormente, se agregaron cuatro nuevos derechos a los anteriores, que constituyen la base para el trabajo de las organizaciones de consumidores en todo el mundo, debido al trabajo del movimiento de consumidores:

• Derecho a la satisfacción de necesidades básicas
• Derecho a ser compensado/a
• Derecho a la educación
• Derecho a un medio ambiente saludable

Por definición, el término “consumidores”, tal como dijo Kennedy el 15 de marzo de 1962 ante el Congreso estadounidense, nos incluye a todos, quien añadió que “Son el grupo económico más grande, afectado por casi cada decisión económica privada y pública. No obstante, es el único grupo importante cuyas opiniones a menudo no son escuchadas”.

De esta manera, y con la adopción de estas Directrices para la Protección de los Consumidores, adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 9 de abril de 1985, los derechos de los consumidores fueron finalmente elevados a una posición de legitimidad y de reconocimiento internacional tanto por los países desarrollados como por los en desarrollo, que quedaron definidos en el derecho a satisfacer las necesidades básicas, a la seguridad de productos y servicios, a ser informado/a, a elegir, a ser escuchado/a, a ser compensado/a, a la educación de los consumidores y a un ambiente saludable.

Documentación complementaria: REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en España (en formato PDF).

Las asociaciones Foro Liberal, Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Civiles, Club Liberal Español, La Rosa Blanca, Hazte Oír, Cuba en Transición, Profesionales por la Ética, Coruña Liberal, Foro Aragón Liberal y Convivencia Cívica Catalana, una vez conocido que el anteproyecto de “Ley de Economía Sostenible” pretende liquidar derechos inherentes a las personas como la libertad de expresión, la libertad de mercado, así como la Justicia (violando la presunción de inocencia y el derecho a la tutela judicial efectiva), con el fin de otorgar privilegios feudales a una industria obsoleta, tecnófoba y caduca que se resiste a introducir los cambios necesarios para adaptarse al progreso, han elaborado el siguiente manifiesto en defensa de la libertad y los derechos civiles que invitan a suscribir a cuantos ciudadanos y asociaciones o movimientos cívicos quieran.

CONSIDERAMOS QUE

1.- Los derechos de autor no son más que el argumento esgrimido por el gobierno para instaurar la censura y liquidar la libertad de expresión. No estamos en una batalla contra los creadores sino en una lucha por la defensa de nuestras libertades y derechos civiles.

2.- Los derechos de autor y propiedad intelectual no pueden vulnerar en ningún caso derechos fundamentales de los ciudadanos ni se puede admitir que en su nombre se liquide la Justicia.

3.- La libertad de expresión o información no puede, en una sociedad abierta, quedar en manos de una comisión administrativa que decida qué blogs/webs tienen derecho a existir y cuáles no. Y tal es la medida que el gobierno ha introducido en el despojo legal llamado “Ley de Economía Sostenible”, al articular la Sección Segunda (SS), que será una comisión formada por personas designadas por políticos que decidirá qué contenidos son admisibles y cuáles no.

4.- Un aumento de la libertad en el intercambio de información nunca podrá ser alcanzado por vías políticas, sino por el desarrollo de nuevas técnicas de comunicación. Internet ofrece por primera vez en la historia de la humanidad la posibilidad de comunicar de ciudadano a ciudadano de forma multimedial. De esta manera los propietarios de los medios de comunicación tradicionales -claramente influenciables por lobbies políticos y/ó gubernamentales- pierden su posición de monopolistas y “guardianes” de la información. Los periodistas profesionales han de hacer frente a la competencia nacida en internet, la cual ya es herramienta efectiva a la hora de verificar la veracidad de las afirmaciones periodísticas.

Entendemos que desde la Ley de Economía Sostenible se pretende, sobre todo, salvaguardar los derechos y privilegios de quienes de forma tradicional han contribuído al establecimiento de vías políticamente adecuadas a sus propios intereses y no al servicio de la veracidad informativa.

5.- Los enlaces en ningún caso constituyen un delito, como han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones los tribunales españoles y existe un derecho a copia privada que desde el gobierno, sometido y entregado a lobbies de presión, se quiere criminalizar. Los internautas son “piratas”, se afirma desde el poder y sus terminales mediáticas.

6.- El intercambio libre y voluntario de archivos (como de libros o de discos) no sólo no es un delito, sino que tipificarlo como tal es un atentado contra la libertad de los ciudadanos.

7.- Como se afirmaba en el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, suscrito por cientos de miles de ciudadanos, “intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo”.

8.- El modelo propuesto por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llevará, por el cada vez mayor desapego de los ciudadanos hacia ellos y lo que a día de hoy representan, a la ruina a unos creadores, cuyo derecho de creación vulnera esta ley, engañados por sus cada vez más acaudaladas entidades de gestión. Además, al introducir inseguridad jurídica, resultará notablemente dañina entre los empresarios del sector.

POR TODO ELLO

1.- Exigimos la inmediata retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible y la dimisión de las ministras responsables de la comisión de este atentado contra la libertad de los ciudadanos, Elena Salgado y Ángeles González-Sinde.

2.- Así mismo exigimos la inmediata retirada del canon digital, por criminalizar a los ciudadanos presuponiendo que van a cometer un delito e imponiendo un impuesto, otro más, sobre la población para así mantener a los privilegiados por la casta política.

3.- Que se modifique la legislación para que las entidades de gestión de derechos de autor dejen de poder ejercer presiones intolerables sobre los ciudadanos y que se auditen de forma inmediata las cuentas de todas estas entidades.

4.- Animamos a los ciudadanos a difundir este manifiesto por cualesquiera medios estén a su alcance y a darle la máxima difusión a nivel nacional e internacional, así como a colaborar en cualquier iniciativa puesta en marcha en contra de la “Ley de Economía Sostenible”.

Vía Facebook | Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible (presentación en PDF) de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

En estas dos semanas, todo el interés de los grupos parlamentarios, incluyendo al Partido Pirata sueco, cuyo ideario se basa precisamente en la defensa de la libertad en Internet, ha sido convencer a la opinión pública de que no ha habido una marcha atrás respecto a la enmienda 138, aprobada el pasado mes de mayo por el Parlamento de Estrasburgo, que impedía cualquier restricción indebida del acceso de los usuarios a Internet “sin una orden judicial previa“.

Esa célebre enmienda, cuya contundencia era inaudita en el lenguaje comunitario, provocó la rebelión del Consejo de Ministros y forzó a una conciliación entre el órgano ejecutivo y la Eurocámara, de la que ha salido un texto mucho más ambigüo, que señala que el acceso a Internet podrá restringirse, de ser necesario y proporcionado, “únicamente tras un procedimiento justo e imparcial, que incluya el derecho del usuario a ser escuchado”.

Bajo esa manga ancha legislativa se da rienda suelta a que cada Estado, que tendrán de plazo hasta mediados de 2011 para adaptar sus legislaciones nacionales a la nueva normativa, decida libremente los motivos que pueden conllevar al corte de conexión, desde las causas obvias (pornografía infantil o terrorismo) a las más controvertidas, como las descargas de archivos protegidos por derechos de autor (música y películas, fundamentalmente); y dando cabida legal a las leyes restrictivas de Francia y Reino Unido, basadas en un sistema de tres avisos y posterior corte del servicio para los internautas que realicen descargas masivas.

Pero, aunque la enmienda sobre el acceso a Internet se ha llevado todos los titulares, en realidad, el Parlamento ha aprobado una ‘completa’ reforma legislativa, compuesta por dos directivas y un reglamento, denominada Paquete de las Telecomunicaciones, que armoniza los derechos de los usuarios y la competencia entre operadores. Así, entre las normas aprobadas en ese paquete destaca la de que los usuarios podrán cambiar de compañía conservando el número telefónico en un día laborable, la prohibición del spam (correo electrónico basura) o la necesidad de pedir permiso para instalar cookies (rastros de páginas visitadas en Internet para mejorar la navegación) en los ordenadores de los usuarios.

Mientras, a los usuarios tan sólo nos queda dar las gracias a los Eurodiputados (que cobran 13.000 euros al mes)… por nada. Bueno, sí, hay que ser justos. Gracias por perder una gran oportunidad para la defensa del usuario, pues las amenazas de la ‘Gran Medida’ son mucho más enérgicas que nuestros derechos fundamentales en el resto de la legislación, ya que no garantiza la neutralidad de la Red al permitir la gestión de tráfico por parte de los dueños de las infraestructuras mediante filtros de contenidos y el establecimiento de preferencias, lo que puede resultar en la vulneración de la privacidad y en la discriminación en el servicio de Internet, lo que exigirá un control estricto de todo el proceso de transposición y aplicación del nuevo marco legal europeo…

El pasado mes de julio, el Departamento de Seguridad Interior ya había anunciado que a cualquier viajero que llegara a un puerto de entrada de EE UU se le podría retener para examinar los datos que tuviera. Lo que el Gobierno no reveló entonces es que ha revocado una medida de 1986 según la cual, para que se pudiera copiar la información personal de un viajero, los agentes debían tener sospechas razonables de que la persona en cuestión podía tener un historial delictivo o la intención de participar en un atentado terrorista.

Los términos de las nuevas directrices los ha revelado esta semana la Fundación Frontera Electrónica y la asociación de derechos humanos Asian Law Caucus. Ambas instituciones denunciaron al Gobierno de EE UU en febrero para que revelara las directrices que los agentes siguen en el registro de viajeros.

Ahora se sabe que el año pasado la Casa Blanca autorizó a los agentes de policía fronteriza a que “analicen y revisen” documentos de cualquier ciudadano extranjero o americano, aunque no haya sospechas de que esta persona tenga intención de participar en un atentado. Estos documentos se guardan “por un razonable espacio de tiempo”, en una inmensa biblioteca que atesora todo tipo de datos personales, desde libretas de contactos a correos electrónicos supuestamente confidenciales.

“Durante más de 20 años, el Gobierno implícitamente reconoció que leer y copiar misivas, diarios y documentos personales de los viajeros sin motivo aparente hubiera enervado a los americanos”, dijo ayer en un comunicado Shirin Sinnar, abogada del Asian Law Caucus. “Pero ahora, los agentes de frontera pueden examinar los pensamientos y las vidas de personas comunes, sin tener ningún tipo de sospecha”.

Esta manifestación, convocada por la Fundación Equanimal (una organización no lucrativa que defiende el derecho de los animales y que es el resultado de la fusión entre ALA y Derechos para los Animales), ha sido secundada por asociaciones y fundaciones como FAADA, Anima Naturalis, ADALE, Amnistía Animal o Fundación Altarriba, entre otras.

Y, ya que ellos son los que deben tener la palabra, incluyo un extracto del manifiesto que han leído, y cuyo texto puede descargarse íntegramente en PDF:

“El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos en conmemoración del día que en año 1948 se aprobó la actual carta de Derechos Humanos de la ONU. No celebramos, como hace más de un siglo, los Derechos del hombre, porque también somos mujeres. Ni los derechos de los adultos, porque también somos niños. Ni los Derechos de los blancos, porque también somos negros. Este mismo día, los defensores y defensoras de los animales, celebramos el Día Internacional por los Derechos de los Animales.

Y exigimos de las autoridades judiciales que apliquen la ley con rotundidad y ejemplo y dejen de considerar un mal menor dichos maltratos”.

NO PUEDEN ESPERAR MÁS… ¡¡DERECHOS PARA LOS ANIMALES YA!!

En la calle Ferraz, frente a la sede nacional del PSOE, varios cientos de personas de toda España se plantaron con sus carteles y sus cacerolas al grito de “Tortura animal, al Código Penal”. Pedían al Gobierno un cambio en el texto normativo que permita castigar de forma efectiva el delito de maltrato a los canes, así como su extensión a todas las especies.

Con un ambiente más festivo, pero igual de reivinditativo, cerca de 2.000 personas se citaron, acompañadas de sus mascotas, en una marcha simbólica en el parque del Retiro para denunciar la crueldad con los animales y reclamar penas de cárcel para quienes la practiquen.

Siempre es un buen momento para comenzar, pero desde Madrid han dado una motivación más para levantarnos del sillón y denunciar el maltrato a los animales, exigiendo que sea considerado delito y castigado con penas de cárcel. Y, para aquellos que, por cualquier razón, no puedan “levantarse”, desde la asociación Amnistía Animal de Madrid han lanzado una campaña de recogida de firmas por Internet para conseguir la ley nacional contra el maltrato animal.

En palabras de José Saramago, filósofo y escritor portugués, “El ser humano es el único ser cruel que existe en el planeta. La crueldad es algo humano, es infeliz atributo, desgraciado atributo del ser humano. El problema está fundamentalmente ahí. Hay que lograr un cambio de mentalidad, respetar la vida tanto del ser humano como del animal. Cuando el ser humano se respete, respetará a los animales. El problema está en que no nos respetamos y esa situación de violencia y crueldad que establecemos entre nosotros la aplicamos a los animales. (…) Un animal no puede defenderse; si tú estás disfrutando con el dolor, disfrutando con la tortura, te gusta ver cómo está sufriendo ese animal… entonces no eres un ser humano, eres un monstruo“. ¡CHAPÓ!

Fuentes de la noticia: 20 Minutos / ANAA (fotografía)