Así, la empresa norteamericana ha respondido a las críticas, llegadas desde el gobierno chino, sobre “la difusión de información pornográfica y vulgar” de Google en Internet, quien ya había sido avisada dos veces por permitir la visualización de sitios porno en los resultados de sus rastreos.

El gobierno chino, a su vez, se ha defendido de las reprobaciones indicando que su campaña de ‘acoso’ a Google, así como otros sitios web, se está llevando a cabo para hacer frente a “la gran cantidad de información pornográfica en Internet, proveniente del extranjero, que ha traspasado sus fronteras”.

Y, claro está, Google ha respondido mediante una declaración de su Director de Comunicaciones, John Pinette, en la que informaba sobre las reuniones que mantiene con funcionarios del gobierno chino para debatir sobre cuestiones relativas a su servicio Google.cn, “tomando todas las medidas necesarias para corregir cualquier problema con nuestros resultados”.

Pero, lo que resulta más gracioso, si es que hay algo de lo que reírse, es la falta de criterio de una de las empresas más importantes del mundo, haciendo valer aquella famosa frase de Groucho Marx, que decía así: “Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros”.

Algo que queda patente en el apartado “Diez conclusiones a las que ha llegado Google”, en la Información Corporativa publicada en su web: Google.com. En ese decálogo podemos encontrar puntos como los siguientes:

4. La democracia en la Web funciona;

7. La información no se acaba;

8. La necesidad de información supera todas las fronteras (“…nuestra misión es facilitar el acceso a la información a escala global…”).

Entonces, ¿dónde queda la ética empresarial? ¿Dónde queda la filosofía (oficial) de Google? ¿Dónde quedan los principios básicos de una empresa que se dedica a la accesibilidad de la información?

Quizá haya llegado el momento de poner los puntos sobre las íes y demostrar al mundo de qué son capaces las empresas, dedicadas –en este caso que nos ocupa– a la Sociedad del Conocimiento, a cambio de no perder mercado y sí credibilidad y lealtad con los usuarios y, lo que es peor, con ellas mismas.

La verdad que esto no debería sorprender a nadie pero, cuando menos, sí que indigna un poquito…

El programa, denominado “Presa verde – Acompañante Joven”, conectaría regularmente la máquina con una base de datos de sitios bloqueados por las autoridades chinas e impediría la conexión a los sitios de la Red listados en la citada base de datos, como medida para salvaguardar a los internautas chinos de informaciones perniciosas, construir un entorno saludable en Internet y evitar el “envenenamiento” digital de la juventud.

No obstante, el programa censurador tiene graves fallos de seguridad, según un trabajo publicado por la BBC, dónde se afirma que su funcionamiento puede ser un desastre. Y todo, dado el funcionamiento del software, porque la comunicación entre los ordenadores y la central de datos no va cifrada, lo que facilita el acceso malicioso de cualquier pirata a la máquina del internauta y, tras ello, adueñarse de los datos que albergue.

Además, en varios blogs de internautas, que han testeado el programa, se ha afirmado que éste no funciona con el sistema operativo Linux o el de Mac. Es más, un intento de acceder a una página pornográfica desde el navegador Internet Explorer falló, pero fue posible hacerlo sin dificultades empleando el navegador Firefox.

Pero, sin duda, el gran inconveniente a este ‘invento’ chino son los criterios de censura que se establezcan para determinar si una página es o no pornográfica. Uno de ellos, por ejemplo, es que en la página aparezca en demasía el color de la piel que, a tenor de los resultados de un internauta que afirma haber podido acceder sin problemas a páginas con imágenes de mujeres negras desnudas, debe ser ¿amarilla?

Y, claro está, uno de los aspectos gravemente preocupantes es que el programa no sólo sirva para bloquear el acceso de sitios censurados de Internet sino que el Gobierno pueda rastrear los hábitos de navegación del internauta y saber si ha intentado acceder a sitios de contenido político prohibidos. Algo que, como es lógico, han negado, pero la desconfianza está instalada en la comunidad internauta dada la larga tradición censora del mismo que, con motivo del aniversario de la masacre en la plaza de Tiananmen, impidió el acceso a sitios como Twitter, Flickr, YouTube, Microsoft Hotmail, Live.com, WordPress, Blogger y varias redes sociales, recrudeciéndose tras una tregua con motivo de los Juegos Olímpicos del año pasado.

Una argumentación que se parece bastante a la doctrina comunitaria, así como el hecho de que el Consejo Constitucional haya discutido que una autoridad administrativa pueda atribuirse la prerrogativa de interrumpir del suministro de Internet a los consumidores. Hecho por el que la ley antipiratería deberá ajustarse a los criterios de constitucionalidad, perdiendo en el camino muchas de sus ambiciones, y empezando porque recaerá en el juez y no en la Autoridad gubernamental la decisión de valorar los casos de descargas de contenidos protegidos por derechos de autor y las eventuales sanciones.

El Consejo Constitucional ha justificado el veredicto, nada menos, en la defensa de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 (descarga en PDF). Obviamente, por aquel entonces no existía Internet, pero los miembros del sanedrín constitucional han invocado a la libertad de expresión y de comunicación, así como anteponen el principio de la presunción de inocencia, sosteniendo que la ley de Nicolas Sarkozy la vulnera y contraviene igualmente el derecho a informarse, tal y como ha señalado —en un comunicado— con la siguiente frase: “Estos poderes podrían recortar el derecho universal a expresarse y comunicarse libremente”.

La novedad que introduce el Constitucional radica en la presunción de inocencia de los usuarios de Internet —no se les puede condenar a priori— y en la legitimidad “incuestionable” del juez, por lo que los magistrados tendrán que valorar, a partir de ahora, las novedades punitivas que entraña la ley, aunque el hecho de derivarse la piratería al control judicial sobreentiende, en la práctica, que los expedientes con denuncias van a ser muy superiores a la posibilidad de tratarlos.

Esta decisión, que ha dado la razón al Partido Socialista francés —que presentó un recurso de inconstitucionalidad del texto legislativo al considerarlo contrario a la Carta Magna—, ha supuesto un auténtico varapalo para el presidente francés y para los miembros de su partido (UMP) que se han ocupado de ponerla en órbita durante un año, llegando a pensar el haberlo conseguido el 13 de mayo, tras toda clase de polémicas y contratiempos, pero el voto de censura de Giscard d’Estaing, Jacques Chirac y sus colegas del Consejo inhabilita los poderes de Hadopi.

El vídeo reproduce una llamada real de una ciudadana al Departamento de Educación de la Generalitat y pregunta por algún centro escolar en el que pudiera escolarizar a sus hijos en castellano y en catalán. El Departamento reconoce que eso “no existe en Cataluña”.

Sirera ha explicado que “esta situación no es simplemente un problema en el ámbito escolar, se trata de un problema de libertad“. En este sentido, ha afirmado que “el vídeo explica que lo que está ocurriendo en Cataluña, que la Generalitat incumple la ley de política lingüística y también las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”.

El presidente del PPC ha señalado que “la Generalitat ofrece recibir clases de diversas asignaturas en inglés y no lo ofrece en castellano, lo que demuestra que el castellano no tiene ni tan siquiera consideración de lengua extranjera en Cataluña”.

El pasado sábado, en el Diario ABC, se publicaba un editorial respecto a la postura del Gobierno por controlar judicialmente las páginas web ampliando, por si fuera poco, el ámbito de actuación de entidades como, por ejemplo, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ante actividades presuntamente vulneradoras de la propiedad intelectual. Un artículo que empieza bien, diciendo que “Se incrementa la presión que ejercen sobre el Gobierno ciertas entidades de gestión de los derechos de autor”; pero, como dice nuestro gran refranero español, “contra el vicio de pedir está la virtud de no dar”.

Ya he hablado de este asunto en varias ocasiones, pero la persistencia del Gobierno Socialista, así como su conocida manera de actuar ante los ciudadanos -enviándonos “globos sonda” como si no tuviéramos dos dedos de frente-, requiere de la necesaria difusión por parte de todos para exigirles que desistan de censurar la Red. Cuando ya se había retirado de la LISI el polémico artículo 17 bis, que permitía a dichas entidades cerrar o bloquear páginas web sin orden judicial, el asunto reaparece en otro Anteproyecto de Ley que empieza a circular y que ha sido remitido a informe del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones.

Por supuesto, los derechos de autor deben ser protegidos, pero no vulnerando gravemente los principios más elementales del Estado de Derecho. Como bien se expone en la web de ColorIURIS, el reconocido sistema mixto de autogestión y cesión de derechos de autor que yo utilizo para mi bitácora, es una necesidad el hecho de “preservar los derechos morales y fomentar -a un tiempo- la libre circulación de la cultura y la protección de los contenidos en la red”.

A día de hoy, cuando la gran mayoría de los españoles todavía no entendemos que tengamos que pagar un canon por adquirir artículos como los CD’s, DVD’s, discos duros, etc., y que esto no sirva para adquirir algún tipo de derecho, desde Moncloa prosiguen su amenaza por controlar lo incontrolable. Y digo incontrolable porque, aunque no quieran verlo -o quizá porque sí lo ven-, Internet es el sistema de comunicación más poderoso que jamás ha tenido en sus manos el ciudadano, y luchar contra esto es un imposible, una temeridad y, para que lo entiendan los ‘eruditos’ del Gobierno de D. José Luis Rodríguez Zapatero, la manera más rápida de perder el apoyo de los electores.

La Asociación de Internautas, que está trabajando muy bien para dar a conocer a los usuarios de Internet las intenciones que comprende esta Ley, ha elaborado un pequeño listado sobre algunos de los hechos que la convierten en “todo un ataque a los usuarios de intercambio de archivos P2P”, como por ejemplo:

• Convierte al prestador de servicio en árbitro o en policía de la Red para acusar a tus clientes de las ilicitudes que un tercero diga que se realizan. El reparto de cargas sobre el que bascula el sistema de colaboración es desproporcionado a favor de las entidades y asociaciones beneficiarias.
• Pretende introducir una garantía judicial sin contenido real ya que tras la presentación de la solicitud de diligencias preliminares no hay que esperar a que el Juez se pronuncie acerca de su procedencia o improcedencia.
• Puede afectarse por Ley ordinaria los derechos fundamentales a la libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones y además en una atmósfera de ausencia absoluta de garantía de intervención pública en todas sus formas.

Hay más puntos importantes, que pueden leerse a través de este enlace, pero me parece un buen ejemplo de lo que nos espera si el Gobierno resuelve consumar su gran fracaso, naufragando en este océano que es Internet y, finalmente, pereciendo a la deriva porque no habrá una ‘red’ que les salve.

Todos conocemos lo que sucedió el pasado miércoles, día 21, en el programa “La noche de Jesús Quintero” de Televisión Española. José María García, a quién dediqué un post hace unos meses sobre su posible vuelta a ‘los ruedos’ (aunque no imaginaba que iba a ser de esta manera), realizó una entrevista que no fue emitida porque, según la cadena pública, contenía “insultos, descalificaciones y ataques a terceras personas”.

La verdad que poco más se puede añadir a todo lo que ya se ha dicho en estos dos intensos días. Televisión Española se ha equivocado muchísimo con este asunto, ha obrado con torpeza y, aunque no quisieran hacerlo, ha censurado a todo un profesional del periodismo con más de 35 años de experiencia. Y lo que roza el más absoluto de los absurdos es el mensaje y los dos minutos que emitieron de la entrevista, en los que hablaba sobre TVE y su presidente (Luis Fernández), como para quedar bien…

En fin, gracias al trabajo del diario El Mundo -a través de su página web- hemos podido ver el diálogo íntegro entre Quintero y García, ambos damnificados de este bochorno, comprobando que todas las opiniones del invitado, que pueden gustar más o menos pero no por ello deben ser censuradas, no son ni más ni menos fuertes que todo lo que había dicho él hasta ese momento.

Y, por si alguien no ha visto todavía la entrevista, que dura poco más de 40 minutos, le invito a hacerlo desde este blog:

Hispanidad | El Gobierno Zapatero pretende que cualquier autoridad administrativa, por ejemplo un concejal, y, desde luego, el Gobierno, pueda cerrar una página web si en ella concurren circunstancias determinadas. En definitiva, pretende conculcar el principio consuetudinario de las libertades de expresión y de prensa, consistente en que un medio de comunicación sólo lo puede cerrar un juez, no ningún Gobierno ni ningún miembro del Poder Ejecutivo o Legislativo, ni ningún Ayuntamiento. Para muchos, este es el ataque más brutal de todo el periodo democrático contra la libertad de prensa. Cualquier concejal podría vengarse de sus enemigos políticos cerrando el más poderoso canal de comunicación del que disponen sus adversarios.

Por ello, el Ejecutivo piensa utilizar la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, actualmente en tramitación. De hecho, el presidente de Internautas.org, Víctor Domingo, hombre proveniente de la izquierda, ha lanzado una campaña contra esta inquietante posibilidad. Nadie, absolutamente nadie, apoya al Gobierno Zapatero en este empeño, con la excepción de las entidades de gestión de derechos de autor, es decir, los intermediarios de la propiedad intelectual, es decir, las SGAE.

Por no apoyarle, no le apoya ni el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, quien se negó a presidir la última reunión del Consejo Asesor de Telecomunicaciones, celebrado el pasado día 1 de diciembre. Dejó en su lugar a David Cierco, director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, quien intentó conseguir un consenso sobre el proyecto entre los componentes de un Consejo donde se encuentran representados las patronales del sector de las telecomunicaciones -por ejemplo, ASIMELEC-, las operadoras de telecos, asociaciones de usuarios, etc. Y en efecto, consiguió el pretendido consenso: pero en contra. Es más, algunos de los presentes exigieron que el Ministerio de Industria no emitiera un comunicado hablando de consenso sobre el proyecto, porque cuestiones como el cierre administrativo o la exigencia de que sean los proveedores de Internet quienes controlen los contenidos de sus clientes (el llamado sistema saudí, dado que la tiranía árabe fue una de las primeras en implantarlo) no gustan ni a empresas, ni a sindicatos, ni a patronales ni a organizaciones de consumidores.

Pero Moncloa presionan a Industria para que la ley se mantenga. El actual secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, es aún más agresivo con la prensa independiente de Internet que su predecesor Miguel Barroso, aquel que intentaba forzar a los grandes anunciantes para que retiraran sus ‘spots’ de las páginas de Internet críticas con el Gobierno. Lo primero que hizo Moraleda al llegar a Moncloa fue suprimir toda la prensa independiente de Internet de la Guía de Comunicación de Presidencia del Gobierno, verdadero vademécum de la información en España. La obsesión del Gobierno ZP por controlar la WWW ha provocado un gran artículo de Enrique Dans que resume la obsesión de ZP con la prensa electrónica en particular y con Internet en general.

Eso sí, el Gobierno cuenta con el apoyo de los intermediaros de derechos de autor, es decir, con las SGAE. A la SGAE la libertad le trae al pairo, pero estas asociaciones se caracterizan por llevar a los tribunales a todo el mundo. Desde luego, para apretarles las clavijas a sus víctimas, la decisión administrativa es mucho más ágil, y más liberticida, que la judicial.

Por cierto, el pasado día 25 se acabó el plazo para acordar la gestión del canon digital. Las patronales ASIMELEC y AETIC no se han puesto de acuerdo con las sociedades de gestión para decidir a quiénes y de qué forma afecta el canon. Total: que será el Gobierno quien decida: ¡Qué peligro!

Naturalmente, la excusa del Ejecutivo ZP para imponer el cierre administrativo de la prensa electrónica alude a las páginas de servicios médicos indocumentados o al famoso “phishing”. Pero la verdad es que no cuela. Eso sí, a día de hoy, Moncloa continua empeñada en sacar adelante esta barbaridad.

Los intentos del Gobierno chino por controlar la actividad de sus ciudadanos en Internet no cesan. Y, aunque el férreo gobierno post comunista ha conseguido que las compañías occidentales como Google o Yahoo! pasen por el aro de la censura, ha bloqueado a el acceso a numerosos contenidos, llegando a encarcelar a quienes criticaban su actividad a través de la web. Sin embargo, ponerle puertas a un campo de 123 millones de internautas -y subiendo- puede ser tarea imposible.

Quizá por eso ya está considerando obligar a quienes tengan (o quieran tener) una bitácora con sede en el país a que se inscriban en un registro administrativo con todos sus datos. Pero no acaba ahí la cosa, pues también quiere que en cada mensaje (en cada ‘post’) aparezcan el nombre y apellidos de su autor.

Entre los datos a incluir en este registro orwelliano están, además del nombre, el número de su documento de identidad, su número de teléfono y su dirección de correo electrónico.

La noticia, como suele ocurrir en China, puede ser sólo un globo sonda o un anticipo de la Ley que la haga cierta, pero son varios los medios de comunicación chinos que se hacen eco hoy de ella. Y la entidad encargada de regular la Red en el país, la Internet Society of China (ISC), tampoco la desmiente: “un sistema de nombres reales podría ser inevitable”.

El secretario general de esa organización, Huang Chengqing, señala eufemísticamente que prohibir a los ‘bloggers’ la firma con pseudónimo podría sería necesario “para estandarizar y desarrollar el sector de los blogs”. Para articular esta medida, la ISC ya está, según la prensa china, en conversaciones con las empresas que se encargan de servir los ‘blogs’.

Fuente de la noticia: Cadena Ser

Después del éxito del lanzamiento de su campaña por la libertad en Internet en el Reino Unido, Amnistía Internacional ha extendido la iniciativa a todo el mundo con irrepressible.info. Esta campaña tiene como objetivo recuperar la red como fuerza para el cambio ante la creciente disposición de las compañías de tecnología a ayudar en la censura y la represión.

Desde Irán hasta las Maldivas, desde Cuba hasta Vietnam, los gobiernos reprimen a las personas que usan Internet para comunicar sus opiniones y niegan a sus ciudadanos el acceso a la abundancia de información de la red. Se encarcela a usuarios de la red, se cierran cibercafés, la policía vigila los chat rooms y se borran los blogs. Los sitios web son bloqueados, las noticias del exterior son prohibidas, y los motores de búsqueda filtran los resultados sobre materias políticamente delicadas.

“Internet puede ser una herramienta extraordinaria para la promoción de los derechos humanos: los activistas pueden contar al mundo los abusos que se cometen en su país con sólo pulsar el ratón. La gente puede acceder en un grado sin precedentes a información de la más amplia variedad de fuentes”, ha afirmado Amnistía Internacional.

“Pero el potencial de Internet para generar el cambio está siendo socavado por gobiernos que no están dispuestos a tolerar este medio de comunicación libre, así como por empresas que están dispuestas a ayudarlos a reprimir la libertad de expresión”.

Sun Microsystems, Nortel Networks, Cisco Systems, Yahoo! y Google son algunas de las compañías que ayudan a los gobiernos a censurar Internet o a localizar a usuarios individuales. En 2004, Microsoft dio a conocer a las autoridades israelíes información sobre el activista antinuclear Mordechai Vanunu, sin conocimiento ni consentimiento de éste. Los datos se utilizaron al principio para procesar a Vanunu por mantener contactos con medios de comunicación extranjeros.

“Hacemos un llamamiento a los usuarios de Internet de todo el mundo para que entren en irrepressible.info y firmen el compromiso que pide a todos los gobiernos y empresas que respeten la libertad en Internet”, ha manifestado Amnistía Internacional. “Las compañías de Internet afirman a menudo que son éticamente responsables; estos compromisos pondrán de relieve cómo su cooperación en la represión las expone a convertirse en cómplices de los abusos contra los derechos humanos y menoscaba su credibilidad”.

Los compromisos en línea se recopilarán y se presentarán en una reunión importante de la ONU sobre el futuro de Internet en noviembre de 2006.

Coincidiendo con el lanzamiento de la campaña internacional, Amnistía Internacional publica un informe (en inglés -formato PDF-) sobre el papel de Yahoo!, Microsoft y Google en la represión de Internet en China. Se considera que el aparato represivo de Internet está más avanzado en China que en otros países, y las empresas se muestran especialmente dispuestas a cooperar con el gobierno chino.

Hace cinco días realicé un comentario (que, por no alargarme, incluyo en formato .pdf) en el blog de don Ricardo Cavero, más concretamente en su artículo “Rajoy, de puenting sin cuerda”, que a estas horas sigue ‘en espera de moderación’.

Dado que estas fechas suelen ser complicadas, ya que hay que cerrar asuntos de cara al verano, y puesto que, debo suponer como ciudadano, su concejalía en el Ayuntamiento de Zaragoza le tendrá bastante ocupado, imaginaba que no había tenido tiempo para leer los comentarios ‘nuevos’ de su bitácora.

Inconcebiblemente, he de evidenciar que el señor Cavero ha añadido un nuevo post, titulado “Web de Zaragoza. Otra vez primeros”, que ha sido comentado por dos usuarios y, claro está, lo sé porque dichos comentarios sí que han sido aprobados. Y, aprovechando el mencionado post, deseo manifestar mi felicitación al Ayuntamiento, tanto a esta como a la anterior corporación, por la página del consistorio que, como ha indicado ‘El País Digital’, ha sido la más valorada en el ranking de webs municipales.

Volviendo al tema que me ocupa, tiene un efecto deplorable que todo un concejal de esta ciudad censure en su blog un comentario que centré, muy cortésmente, en el contenido de su artículo y en las manifestaciones ajenas adjuntas al mismo.

Afortunadamente, internet es un espacio en el que todos tenemos cabida y donde es posible manifestar opiniones libremente, ya sea en un lugar o en otro. Nada parecido al Concejo, donde algunos tienen que sufrir su despotismo, como aquel día en que echó a la oposición del salón de plenos en una sesión de trabajo del presupuesto de 2005, siendo el señor Belloch quien tuvo que pedirles perdón y solicitándoles, además, que volvieran tras fundamentar que (el señor Cavero) no entendía nada de política. Una actitud que mantiene regularmente en las comisiones municipales. Infaustas prácticas por las que se le conoce, he comprobado que con total acierto y gran pesar, como el ‘telecautoritario’.

Con la franqueza que creo me ha caracterizado este tiempo en la blogosfera, tengo que apuntar que esta circunstancia me engendra una importante vergüenza ajena, pues nunca debería haberse producido esto con un representante de nuestra ciudad, máxime cuando es un responsable directo de la gestión de este nuestro municipio (como diría Juan Cuesta en ‘Aquí no hay quien viva’).

No sé si el concejal de Ciencia y Tecnología, tras este post, acabará por moderar -positivamente- mi comentario en su bitácora. Así que, por ello, he decidido subir dos archivos (en formato .pdf) para acompañar a mis afirmaciones:

• Página principal del blog, en el instante de publicar este post.
• Artículo “Rajoy, de puenting sin cuerda”, donde se puede comprobar mi comentario con el siguiente mensaje: “Tu comentario en espera de moderación”. De la misma manera, también es visible el momento en que realicé dicho comentario y la fecha de captura del pdf.

En dicha manifestación, la Sra. de la Vega ha afirmado que los ciudadanos deben respetar y acatar los resultados electorales, confiando en el buen hacer de los diputados y senadores, sin tener derecho a discrepar con aquellos que nos gobiernan.

Mire señora, los españoles tenemos derecho a eso y mucho más. Aquellos que estamos en desacuerdo con la política actual que está ejerciendo el Presidente ‘de todos los españoles’ tenemos el mismo derecho que los que se manifestaban contra el Partido Popular los días 11, 12, 13 y 14 de marzo de 2004. ¿Lo recuerda? ¿Recuerda que su partido no desaprobó aquellos actos vandálicos (que muchos padecimos en primera persona) que tanto daño hicieron a la democracia española?

Quizá haya una diferencia: nosotros, únicamente, utilizamos la palabra y, como en el caso actual, la pluma (o el boli) para decir SI a que . . .

. . . España siga siendo una única Nación;

. . . todos los españoles tengamos igual acceso a las prestaciones públicas.

Y, para muestra, un botón: El Partido Popular ha recogido, en 72 horas, 140.000 firmas adhiriéndose a la campaña “Todos tenemos derecho a opinar“.