“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres” (Pitágoras)
La llamada “Sociedad de la Información”, que es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información juegan un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas, y cuya herramienta más importante es Internet, como vehículo de la nueva Sociedad del Conocimiento, se ha constituido en una herramienta imprescindible para el desarrollo individual y colectivo de los pueblos del siglo XXI.
Esta incorporación a la vida cotidiana de los ciudadanos es tal que todo aquel que no disponga de acceso a Internet se encuentra excluido de la vida económica y social, dado que el acceso a las tecnologías de la información resulta esencial en todos los ámbitos de la vida personal, ya sea en el trabajo o el ocio, en el consumo, o en las relaciones con la Administración.
Y, si bien es cierto que estas tecnologías de las telecomunicaciones ofrecen innumerables ventajas, como la comodidad para realizar trámites que ya no nos exigen desplazarnos personalmente o la posibilidad de mejorar la eficiencia en el empleo de los recursos en el ámbito personal o laboral, tampoco está exento de importantes riesgos, dado que Internet es un medio en el que la delincuencia tecnológica pone buena parte de sus esfuerzos en tratar de sorprender a muchos usuarios, que confían en la Red y en la información que encuentran o reciben a través de ella.
Así, en gran parte de los riesgos a los que nos exponemos en Internet, existe un elemento común: el tratamiento previo de información personal, de nuestros datos personales. Todos tenemos el derecho a la protección de nuestros datos (cualquier información que nos identifica o nos puede hacer identificables, como el nombre, el NIF, una fotografía o una grabación de nuestra voz), consistente en nuestra capacidad de controlar el uso que pueda hacer de nuestros datos cualquier organización. Y, para garantizar este derecho, quienes quieran utilizar nuestros datos deben informarnos y, en su caso, pedirnos permiso, tal y como se regula en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
Pero existe una parte de la sociedad que, pese a tener los mismos derechos, se encuentran particularmente expuestos al uso de su información personal: los menores. Sus datos no sólo son relevantes en el ámbito escolar o en la salud, puesto que en la sociedad de la información los datos personales de nuestros hijos pueden ser objeto de utilización, por ejemplo, con fines comerciales, y debemos conocer las reglas que nos permitan protegerlos.
Esta mayor presencia en la Red, por parte de los menores, tiene su mayor exponente en las denominadas redes sociales, que se han convertido en una herramienta básica de su actividad cotidiana para el desarrollo de sus relaciones personales. Y, al margen de las ventajas que les ofrecen, las redes sociales también implican riesgos que, en gran medida, nacen del desconocimiento por parte de los menores de cómo ejercer un control efectivo sobre sus datos y los de terceras personas, puesto que la legislación vigente prohíbe recabar datos de menores de 14 años sin el consentimiento de padres o tutores, así como recabar datos del entorno familiar del menor, sea cual fuere su edad.
Por ello, el reto actual más importante para esta protección del menor se debe basar en la formación específica en materia de privacidad y protección de datos en el ámbito de las nuevas tecnologías, que debería ser incorporada a los programas de estudio y los currículos académicos de los formadores, incluyendo un aprendizaje que ponga en valor el uso de la información personal, de forma que los menores puedan aprender a controlar la información personal, el respeto por los derechos de terceros, e identificar los riesgos que para su privacidad y seguridad pueden presentarse en la sociedad de la información. Y los padres y tutores deben desempeñar un papel esencial en este proceso, dado que es vital que adopten una actitud más activa en el uso que hacen los menores de las nuevas tecnologías.
De esta manera, sería neceario fomentar una cultura para la protección de datos en el entorno digital, reconociendo los riesgos que pueden derivarse de Internet para los menores, resaltando las siguientes características:
Los menores deben acceder a Internet a través de entornos personalizados.
Los menores deben ser informados acerca de los peligros en el uso de Internet, advirtiéndoles de que no compartan o faciliten información ni intercambien fotografías, propias y de terceros, con personas desconocidas y sin saber para qué van a ser utilizados.
Los menores deben ser informados adecuadamente, mediante una información fácilmente comprensible para ellos, cuando se recaben datos sobre su persona; asimismo, deberán adoptarse medidas tendentes a la comprobación de la edad del menor y la autenticidad del consentimiento prestado, en su caso, por los padres o tutores.
En conclusión, la problemática de la protección de datos personales en Internet constituye una pieza fundamental, siendo absolutamente necesario generar en el ciudadano una cultura para la protección de sus datos en la Sociedad de la Información, ya que de ella dependerá que cada persona pueda hacer un uso seguro de Internet para lograr no sólo un mejor nivel de vida, sino también un verdadero control sobre su información.
¿Hay seguridad en la Red en pleno siglo XXI? ¿Estamos protegidos los millones de ciudadanos que, día a día, realizamos diversos procesos y trámites por medio de un sistema de comunicación como es Internet? ¿Realmente estamos tranquilos y confiados ante la infalibilidad de la Red a la hora de realizarla como instrumento que facilita nuestra vida diaria?
Cierto es que, en este espacio virtual en el que nos movemos, nos encontramos cada día más cómodos, pues podemos realizar tareas diarias en segundos que antes nos costaban, por ejemplo, una mañana entera. Ahí tenemos ejemplos como la compra de productos alimenticios, trámites varios con las Administraciones Públicas, redacciones y envíos de correos electrónicos, etc. Pero, todo ello, es siempre susceptible de posibles errores que, bien es cierto, también suceden en el mundo analógico.
Y esto es algo que el catedrático Sáez Vacas definió muy bien en su concepto de ‘infociudad‘ como ciudad complementaria, transformadora o, por qué no, sustitutoria de la ‘real’:
“El espacio informacional donde los humanos de sociedades desarrolladas, mediante terminales con botones, teclas, pantallas, contraseñas e identificadores varios, se comunican y realizan una parte creciente de sus actividades habituales y otras muchas nuevas, convertidas en señales, símbolos, lenguajes y procesos inmateriales, soportados por una potente infraestructura tecnológica de arquitectura reticular”.
Una definición a través de la cual observamos que, si bien Internet es EL instrumento del presente y del futuro que todos debemos defender por convicción en sus posibilidades, también debemos ser conscientes que, si en el mundo analógico hay seguridad que, por costumbre, ya no percibimos como tal (p.e. los semáforos), también la Red necesita sus propios parámetros de seguridad, que no serán tan diferentes de los anteriores.
No obstante, Internet nos ofrece oportunidades viables y reales para proteger nuestros derechos, tanto para los ciudadanos, entidades públicas y privadas y, claro está, para ambas a la vez. Y podemos poner dos acciones ejemplificadoras:
1.- La compra, en una tienda virtual, de una cafetera y su posterior pago por TPV (esto es, con tarjeta de crédito a través de un sistema seguro de pago).
2.- La tramitación de una solicitud a un Ayuntamiento para el arreglo de una farola que se ha fundido en nuestra calle.
Ambos procesos, aunque diferentes en la forma, son acciones que realizamos diariamente en la Red, confiando en las entidades con las que contactamos pero, como decíamos antes, siempre pueden existir diversos problemas en su proceso.
¿Es suficiente con confiar (esperanza) o debemos exigir a la Red que genere una confianza (protección) real a través de una seguridad efectiva?
“Cuando me da por pensar de noche en mis defectos, me quedo dormido inmediatamente” (Oscar Wilde)
El pensamiento único ha convenido que el problema son las cajas y que es un hito necesario hacerlas desaparecer, cuando la realidad es que su politización ha sido y es uno de sus errores más indiscutibles. Aunque en voz baja, sólo los sindicatos se atreven a defender a estas entidades que suponen la mitad del sistema financiero español pero, a lo largo de su historia de siglos, habrá algunas virtudes en ellas, pues no todo puede ser tan malo.
Ahora bien, ¿qué perdemos los españoles si se da carpetazo a las cajas de ahorros como ahora, casi todos, defienden? Esta y otras cuestiones nos las responde Luis Aparicio, Director de Contenidos de Invertia.com (Telefónica de España, S.A.U.), por medio de uno de sus últimos artículos, en el que nos enumera ocho ventajas que se perderían si desaparece este sector económico:
Inversor a largo plazo. Las cajas han sido responsables de la industrialización del país con inversores a muy largo plazo en sectores clave que han dado lugar a grandes multinacionales. Fueron un capital embrionario en telecomunicaciones, autopistas, energéticas y actualmente lo están siendo en nuevos negocios como el cable. Su falta de accionistas que busquen una rentabilidad inmediata les ha permitido hacer inversiones a muy largo plazo, muy rentables.
Aliadas a las pymes. Las cajas de ahorros financian al 70% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en España que representan la mayoría del tejido empresarial. Destaca la financiación a empresas con capital inferior a un millón de euros que es el grueso de ese 70%.
Centro de decisión en España. Frente a unos bancos cada vez más internacionalizados, las cajas mantienen la capacidad de toma de decisiones inversoras y económicas en España. No tienen tanta dependencia del momento de los mercados bursátiles, sino que están más habituadas a captar el ahorro del país y transformarlo aquí mismo en inversiones.
Fuerte raigambre con las clases medias. Según apuntan desde la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) el perfil del ahorrador de la caja de ahorros es una mujer entre 35 y 45 años de clase media-baja. El 80% del negocio de las cajas lo hacen con el sector privado. “La evolución de la clase media española ha ido pareja a la de las propias bajas y su mejoría y grandeza nos ha hecho grandes a nosotras”, explican desde la CECA.
Beneficios de la Obra Social. Las cajas invirtieron en obra social en 2009 (último dato disponible) 1.700 millones de euros. Esto supuso 170 millones de beneficiarios ese año, por lo que de media los españoles han disfrutado casi 4 veces de un servicio de la Obra Social (hospitales, residencias de ancianos, exposiciones culturales, patrocionios…) Según datos de la CECA la Obra Social crea 30.000 empleos y por cada euro que se invierte se genera otro en estas actividades.
Gran presencia geográfica. Las cajas de ahorros cubren el 97% del territorio nacional de forma permanente y el 3% restante a través de oficinas móviles. Tienen, pues, cubierto todo el país evitando la exclusión, tanto por problemas geográficos como por de nivel de renta. Actualmente, existen 50 millones de cuentas en las cajas de ahorros, con clientes que, lógicamente tienen más de una en distintas entidades.
Competencia. Las cajas han sido un elemento de indiscutible competencia en el sector financiero español hasta hacerse con la mitad del mercado de depósitos y créditos. Una competencia que se produce con los bancos, sirviéndoles de acicate y favoreciendo la mejora y rebaja de los servicios, como entre las propias cajas de ahorros. Obviamente la desaparición de un modelo reduciría la competencia en el conjunto del país.
Órganos de decisión heterogéneos. Las asambleas de las cajas están compuestas por una representación de los clientes de las cajas, además de los representantes de los trabajadores y otras instituciones administrativas (comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones). Una composición variada y que es interesante en cuanto recoge a los clientes, pero que también es un problema por la politización de estas entidades.
“Para triunfar es necesario, más que nada, tener sentido común” (Napoleón I)
El ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez-Cascos, presentó ayer sábado su baja como afiliado del Partido Popular a través de una carta dirigida al líder ‘popular’Mariano Rajoy, que añado íntegramente a continuación, en la que acusa a la dirección del partido por él presidida de “complicidad”ante los insultos recibidos durante el proceso de elección del candidato ‘popular’ a la presidencia del Principado de Asturias:
Señor Presidente:
A través de esta carta te comunico mi baja como afiliado en el Partido Popular, al no recibir el amparo solicitado reiteradamente al órgano competente ante los menosprecios, descalificaciones e insultos que me dirigieron otros militantes, cobijados en el membrete oficial del Partido Popular de Asturias, impunemente, sin otro pretexto que el de haber manifestado mi disponibilidad para encabezar la candidatura a las próximas elecciones autonómicas.
Puntualmente he ido remitiendo al Comité Nacional de Derechos y Garantías, con copia personal a ti como Presidente, mis cartas de denuncia (Documentos 3, 4 ,5 y 6) sobre el contenido de las Notas y las Circulares del PP de Asturias, así como sobre las declaraciones públicas realizadas por ciertas personas con cargo institucional de diputado, eurodiputado o alcalde. No solo no obtuve amparo alguno por parte de esa dirección nacional o del citado Comité, como he solicitado formalmente y he reclamado públicamente, sino que los autores de los comportamientos denunciados acaban de ser legitimados por ti y recompensados con el nombramiento que reclamaban, lo que no tiene precedentes –que yo recuerde– en la historia del partido.
Dejo el Partido Popular después de treinta y cuatro años de militancia ininterrumpida, por razones de dignidad personal. La decisión es firme y las circunstancias que la justifican las conoces sobradamente. En mi última nota manuscrita del 27 de octubre te indiqué que, en mi opinión, la política requiere dosis muy elevadas de paciencia y de flexibilidad, pero el repecto a las normas de educación y de civismo en cualquier organización no son negociables, especialmente dentro de un partido que tiene en el respeto a las personas una de sus señas de identidad más característica, tal como expresan los artículos 2 y 7 de los Estatutos.
La degradación de la convivencia dentro del Partido Popular de Asturias, al igual que la de otras facetas de la actividad interna y externa del partido, viene de lejos. Por eso hace seis años que me “exilié” voluntariamente en la organización del Partido Popular de Madrid, como muestra de rechazo a las inadmisibles acusaciones sin sanción (Documento 1) que sufrió públicamente la que fuera Delegada del Gobierno en Asturias, procedentes de la Junta Local de Gijón. Aquellas calumnias no fueron sancionadas y la veda quedó levantada, como hace dos años se volvió a demostrar (Documento 2) con el Presidente Regional, públicamente menospreciado por el alcalde de Oviedo, también sin sanción, en vísperas de unas elecciones generales cuya lista encabezó, de cuyo resultado en Asturias te hago gracia.
Este es el escenario en el que se desarrolló entre los meses de julio y octubre pasados la campaña de descalificaciones, menosprecios e insultos personales –tales como “galáctico”, “sexagenario” o “terrorista callejero”– que recibí como respuesta por solicitar un cambio profundo en la organización del Partido Popular de Asturias, y por haber ofrecido mi disponibilidad a aceptar la candidatura en las próximas elecciones autonómicas.
Todo ello no hubiera sido posible sin el consentimiento expreso, cuando no la complicidad, de la dirección general del partido que presides, a quien correspondía con oficio atajar estas conductas y velar por el cumplimiento de los Estatutos en todos los ámbitos de la organización. Las cartas enviadas por mí al Comité Nacional de Garantías y Derechos, que te vuelvo a adjuntar, confirman que tampoco a instancia de parte habéis cumplido y hecho cumplir los Estatutos, como eran deber y obligación ineludibles de la dirección nacional, y tuyas especialmente como Presidente, generándome una indefensión incompatible con una militancia digna en el partido.
Más allá de amarguras inherentes a una decisión tan difícil como dolorosa, siento que mi deber me obliga a dar este paso para hacer las paces con mi propia dignidad personal.
Con todo respeto,
Francisco Alvarez-Cascos Fernández
Añadido (02/01/2011): Incluyo enlace de la web del diario El Mundo para descargar (en formato PDF) la declaración oficial que ha realizado Francisco Álvarez-Cascos a la prensa en el día de hoy.
La organización sin ánimo de lucro ‘El Refugio’, cuyas actividades principales son la prevención y denuncia del abandono y maltrato de los animales, la gestión de su Centro de Adopción de animales abandonados y la realización de Campañas de divulgación y concienciación, ha informado que, en un auto sin precedentes, la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha decidido que el dueño y la directora de la perrera de Puerto Real serán juzgados en el primer juicio contra una perrera por maltrato animal.
Así, el auto explica que tanto el dueño como la directora de la perrera presuntamente conocían el uso del Mioflex, un paralizante muscular que, con el objetivo de ahorrar costes, era inyectado indiscriminadamente ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia que, en la mayoría de las ocasiones, podía durar varios minutos, durante los cuales el animal está absolutamente consciente hasta que muere asfixiado, ya que afecta a los músculos respiratorios. Además, también detalla que, siempre presuntamente, ambas personas daban instrucciones a los veterinarios para la utilización de dicho paralizante muscular.
El supuesto horror en la perrera de Puerto Real, una empresa que figura como sociedad limitada en el registro de sociedades y cuyo administrador único y dueño de la misma es Plácido Gómez Muñoz (se da la circunstancia que el nombre de dicha sociedad es el de Asociación Protectora de animales S. L.), llevaba sucediendo durante años. Según El Refugio, este tipo de empresas que recogen animales sólo buscan, en muchos casos, ganar dinero aparentando proteger a los animales pero en ningún caso lo hacen.
Por ello, ‘El Refugio’ denunció los supuestos hechos ilícitos ante el Seprona, el 15 de junio del año 2007, iniciándose un procedimiento penal en el Juzgado nº 2 de Puerto Real, que hasta el día de hoy tiene cinco tomos con cerca de 2500 folios. De esta manera, la organización proteccionista está personada como acusación en el primer procedimiento penal contra una perrera en España, siendo los supuestos penales que se imputan los siguientes: supuestos delitos de falsedad documental y denuncia falsa, así como delito continuado de maltrato de animales.
Incrusto, a continuación, el vídeo que han elaborado desde ‘El Refugio’ para explicar este asunto:
ATENCIÓN: Este vídeo contiene fragmentos que pueden herir su sensibilidad
“La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir” (Jacques Bénigne Bossuet)
El tiempo pasa muy rápido, pero no así la realidad política en la capital aragonesa, ya que los socialistas siguen teniendo en Zaragoza, y en el conjunto de Aragón, un valor seguro en la figura de Juan Alberto Belloch. Según indican los datos de la encuesta de intención de voto para las municipales de 2011, elaborada por A+M para Heraldo de Aragón, el Partido Popular perdería un concejal y no tendría opciones en la capital aragonesa, ya fuera de cabeza de lista la portavoz Dolores Serrat, dirigentes carismáticos como el exalcalde José Atarés, o su dominante líder, la propia Luisa Fernanda Rudi, que en las anteriores elecciones –según otra encuesta para el mismo diario– tan sólo confiaban en ella como alcaldesa el 2’3 por ciento de los ciudadanos frente al 4’7 de Domingo Buesa, el más valorado tras el actual alcalde.
Así, en estos momentos, los socialistas sacarían más de cinco puntos de ventaja a los populares si hubiera elecciones al Ayuntamiento de Zaragoza, lo que deja a Juan Alberto Belloch un amplio margen para formar gobierno, ya sea solo en minoría o con combinaciones a varias bandas con CHA, PAR e IU. Es más, el PP no tiene opciones para ocupar la alcaldía de la capital aragonesa, salvo imposibles alianzas en las que tendría que contar con dos de los tres partidos minoritarios.
Los resultados no darían a los populares para un pacto con el PAR (solo sumarían 13 ediles de los 31), lo que tendría a su vez repercusiones importantes para formar gobierno en la DGA y seguramente en los ayuntamientos oscense y turolense, en los principales consejos comarcales y en las tres diputaciones provinciales. Así, Zaragoza capital se convertiría en el mejor bastión socialista, frente a la caída que se le augura al PSOE en los principales municipios de la provincia zaragozana, siendo este el resultado de la encuesta:
Pero, además, el informe destaca otros datos muy significativos, como el grado de conocimiento de los actuales portavoces en el Ayuntamiento: Juan Alberto Belloch (97%), Manuel Lorenzo Blasco (46,5%), José Manuel Alonso (25,2%), Dolores Serrat (22,8%) y Juan Martín (9,2%); o el resultado de la pregunta “¿Quién cree usted que sería mejor alcalde de Zaragoza?”, siendo el actual regidor del Consistorio el mejor valorado con el 25,7%, por delante de José Atarés (9,7%) y Luisa Fernanda Rudi (2,7%).
2009: ¿Adhesiones a la candidatura de Madrid 2016? — Realizando algunas búsquedas a través del famoso buscador Google, me he encontrado con imágenes que ‘demuestran’ la adhesión de [...]
2007: HdA: “Influencia aragonesa en la blogosfera…” — (Clica en la imagen para descargar el PDF)
“[...] Lidera la lista la diputada socialista catalana Lourdes Muñoz Santamaría, y [...]
La llamada “Sociedad de la Información”, que es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información juegan un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas, y cuya herramienta más importante es Internet, como vehículo de la nueva Sociedad del Conocimiento, se ha constituido en una herramienta imprescindible para el desarrollo individual y colectivo de los pueblos del siglo XXI.
Por ello, el reto actual más importante para esta protección del menor se debe basar en la formación específica en materia de privacidad y protección de datos en el ámbito de las nuevas tecnologías, que debería ser incorporada a los programas de estudio y los currículos académicos de los formadores, incluyendo un aprendizaje que ponga en valor el uso de la información personal, de forma que los menores puedan aprender a controlar la información personal, el respeto por los derechos de terceros, e identificar los riesgos que para su privacidad y seguridad pueden presentarse en la sociedad de la información. Y los padres y tutores deben desempeñar un papel esencial en este proceso, dado que es vital que adopten una actitud más activa en el uso que hacen los menores de las nuevas tecnologías.
Cierto es que, en este espacio virtual en el que nos movemos, nos encontramos cada día más cómodos, pues podemos realizar tareas diarias en segundos que antes nos costaban, por ejemplo, una mañana entera. Ahí tenemos ejemplos como la compra de productos alimenticios, trámites varios con las Administraciones Públicas, redacciones y envíos de correos electrónicos, etc. Pero, todo ello, es siempre susceptible de posibles errores que, bien es cierto, también suceden en el mundo analógico.
El ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del Partido Popular, 
La organización sin ánimo de lucro ‘
El tiempo pasa muy rápido, pero no así la realidad política en la capital aragonesa, ya que los socialistas siguen teniendo en Zaragoza, y en el conjunto de Aragón, un valor seguro en la figura de Juan Alberto Belloch. Según indican los datos de la encuesta de intención de voto para las municipales de 2011, elaborada por 
