Vía elEconomista.es | El Consejo de Ministros de este viernes, uno de los últimos que presidirá José Luis Rodríguez Zapatero, reserva una sorpresa que sacudirá los cimientos del Internet español y que abrirá las viejas heridas que provocó el movimiento ’15-M’: aprobará por real decreto el Reglamento de la Comisión de Propiedad Intelectual, también conocida como ‘Ley Sinde’ o ‘Ley antidescargas’.

Esa disposición, incluida en la Ley de Economía Sostenible, promete agitar la controversia en la Red, tanto por el fondo de la cuestión como por la forma en la que se producirá, minutos antes de la disolución del Ejecutivo de Zapatero. De hecho, la puesta en vigor del referido reglamento se producirá el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien será el futuro Parlamento quien deba refrendarlo cuando se constituyan las próximas Cortes.

Entre otras consecuencias, el futuro reglamento tipifica el bloqueo o cierre de páginas de Internet que permiten o favorecen la descarga de obras sujetas a derechos de autor. El procedimiento de clausura de webs se ejecutará en un plazo máximo de 10 días, todo ello previa decisión de una Comisión Administrativa que ejercerá de árbitro ante los conflictos denunciados, siempre con el tutelaje de un juez.

El texto del reglamento de la ‘Ley Sinde’ ya pasó por el preceptivo Consejo de Estado a finales del pasado octubre y sólo faltaba el visto bueno del Gobierno para que se pudieran cerrar webs de descargas de contenidos ilegales a través de una orden judicial. Ese trámite no pudo hacerse antes del pasado 20-N, pero el Ejecutivo socialista disponía del Consejo de Ministros del próximo 25 de noviembre para que todo el trabajo anterior no quedara perdido en el intercambio de papeles que en breve se producirá entre los líderes socialistas y populares.

El reglamento precisará lo que se considera “actividad infractora”, es decir, aquella que sea susceptible de motivar la interrupción, cierre o bloqueo del servicio. De esa forma, el reglamento alentado por el Ministerio de Cultura concentrará toda su actuación en la difusión por Internet de obras intelectuales sin autorización de los titulares, ya sea desde el acceso a servidores virtuales o a través de enlaces dedicados para la descarga de contenidos, tales como películas, canciones, libros electrónicos o videojuegos, entre otros.

No obstante, si bien es cierto que nos encontramos ante una ley del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, fue el pasado 15 de febrero de 2011, en el Pleno del Congreso, cuando se aprobó la referida ley con 323 votos favorables, procedentes del PSOE, PP y CiU y con 19 rechazos, por parte de PNV, ERC, IU-ICV, BNG, CC, UPyD y Na-Bai, así como con una abstención. Con la futura configuración del Parlamento, la norma seguiría contando con 312 votos favorables.

Mientras tanto, el desarrollo reglamentario del denominado ‘canon digital’ quedará –por el momento– en el limbo legal, convirtiéndose en una patata caliente que deberá digerir el Gobierno que próximamente constituirá Mariano Rajoy, vencedor sin paliativos de las últimas Elecciones Generales con una mayoría absoluta de 186 diputados, frente a los 110 del Partido Socialista.

Durante la campaña electoral, Alianzo Networks, S.L., empresa registrada en la localidad de Bilbao que posee una herramienta que permite medir la influencia de los usuarios en las redes sociales a través de diversos rankings, ha generado uno para los candidatos que se presentan a las Elecciones a Cortes Generales que mañana se realizan en España. Un ranking basado a partir de los datos de su participación y repercusión en sus blogs, así como en las cuentas de Twitter, Facebook y YouTube.

Así, la conclusión a la que han llegado es que el ganador ha sido Mariano Rajoy, dado que el líder del Partido Popular (PP) es el único que está presente en los 4 medios sociales que han preseleccionado, algo que ya le otorgaba cierta ventaja. Mientras tanto, el cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, no puntúa con ningún blog personal, lo que ha conllevado un resto en su puntuación. Además, la otra gran baza para el triunfo del líder de los populares es su número de fans en su página de la red social Facebook, dado que cuenta con 66.026 usuarios, así como con la alta actividad de éstos, con 65.468 comentarios y clicks en ‘Me gusta’.

No obstante, el ranking de la herramienta social Twitter lo lidera el candidato socialista, dado su mayor número de tweets (6.370). Y el título de mejor bloguero lo ha obtenido Josu Erkoreka, candidato por el Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), debido –en gran parte– a su diferenciada posición con sus competidores en el ranking de Alexa, siguiéndole los pasos, como mejor bloguera, Rosa Díez, de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Respecto a la plataforma de transmisión de vídeos YouTube, de la compañía Google Inc., tan sólo participan los líderes de los partidos mayoritarios, siendo el primero Pérez Rubalcaba, con 594 suscriptores y 197 vídeos subidos, que quedaría por encima de Rajoy, con 302 suscriptores y 127 vídeos.

El cálculo de las posiciones de cada ranking se ha generado en base a un algoritmo que tiene en cuenta varios factores en cada medio social. Así, para el ranking de blogs se ha recogido el número de enlaces de Google Blog Search, enlaces totales en Google, suscripciones en Google Reader, enlaces en Yahoo!, menciones en Menéame, posición en Alexa (solo si dispone de dominio propio) y votos en Digg. Para el ranking de Twitter, la herramienta ha recogido el número de seguidores, twees, retweets, respuestas, diferencia entre seguidores y seguidos y el número de listas en que se incluye cada perfil. Y para el cálculo de las cuentas de Facebook, Alianzo ha almacenado y recontado el número de fans y la actividad de éstos (clicks en ‘Me gusta’ y comentarios en las últimas 10 publicaciones). Por último, para el cálculo de popularidad en YouTube se han tenido en cuenta datos como el número de visualizaciones y suscriptores del canal, el número de vídeos subidos y favoritos, el volumen de comentarios en éstos, las listas de reproducción y los contactos.

De esta manera, el resultado final del ranking, que puede verse en su página web, es el siguiente: 1º. Mariano Rajoy Brey (PP); 2º. Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE); 3º. Cayo Lara Moya (IU); 4º. Alfred Bosch Pascual (ERC); 5º. Josep Antoni Durán i Lleida (CIU); 6º. Francisco Jorquera Caselas (BNG); 7º. Josu Erkoreka Gervasio (EAJ-PNV); 8º. Rosa Díez González (UPyD); 9º. Ana Oramas González-Moro (CC).

Así, el líder de los populares explicó ayer en Valencia, durante su intervención en el Foro Popular “Los emprendedores, protagonistas del crecimiento y del empleo“, algunas propuestas de su programa de gobierno en materia de PYMES y autónomos, que bien se pueden resumir en los siguientes puntos:

• Aprobar un apoyo fiscal, por importe de 3.000 euros, por la contratación del primer trabajador que no tenga la condición de socio de una empresa de nueva creación.
• Incentivar, de manera efectiva y realista, las formas más innovadoras de financiación a los emprendedores, especialmente los “Business Angels”, el capital semilla, el capital riesgo o el mercado alternativo bursátil.
• Cambiar el régimen de pago del IVA para que los autónomos y las Pymes no paguen el IVA por las facturas hasta que no las hayan cobrado.
• Establecer un procedimiento automático, como el de la cuenta corriente tributaria, que permita la compensación de deudas tributarias pendientes de pago por PYMES y autónomos, con deudas reconocidas y pendientes de cobro, por cualquier concepto, procedentes de cualquiera de las Administraciones Públicas (estatal, autonómica o local).
• Impulsar una reforma del mercado laboral que dote de estabilidad al empleo para los trabajadores y flexibilidad a la empresa.
• Completar una reforma de la negociación colectiva para acercarla a la realidad de la empresa y para potenciar los acuerdos y convenios a nivel de empresa.
• Garantizar la unidad de mercado. Permitir que cuando una empresa cumpla con los requisitos de una Administración para poder desarrollar una actividad, automáticamente se le reconozca por las demás.
• Cambiar la normativa y procedimientos con el objetivo de poder crear una empresa en 24 horas.
• Modificar la fiscalidad de los beneficios no distribuidos, de manera que aquellos beneficios dedicados a hacer más competitiva la empresa mediante la adquisición de nuevos activos tributen diez puntos menos que aquellos destinados a ser distribuidos a los accionistas.
• Aprobar una nueva exención en el IS por las plusvalías que obtengan en la venta de sus activos fijos cuando las reinviertan, para fomentar que el capital invertido se reutilice en la modernización de la propia actividad empresarial.
• Rebajar el Impuesto de Sociedades para pequeñas y medianas empresas, sin condiciones sólo con el criterio de la cifra de negocios. Así, las empresas que facturen menos de 5 millones tributarán al 20% y las que no superen los 12 millones tributarán al 25%, sin excusas ni limitaciones.
• Corregir los elevados niveles de Déficit Público, evitando así que las emisiones masivas de deuda de las Administraciones Públicas imposibiliten la capacidad de financiación del sector privado, en especial de las PYMES y los autónomos.
• Culminar de manera efectiva la reestructuración del sistema financiero, completando, de forma urgente, el proceso de reestructuración y saneamiento del sector financiero aprobando medidas que hagan que los balances empresariales y bancarios reflejen fielmente el valor de los activos.
• Flexibilizar las condiciones de la Línea del ICO para financiar las deudas de Ayuntamientos con PYMES y autónomos, garantizando que es accesible a todos sus destinatarios.

Hoy, día 30 de septiembre, más de sesenta asociaciones de toda España celebrarán el I Congreso de la Sociedad Civil en el Hotel Auditorium de Madrid, con el objetivo de promover la democracia de los ciudadanos a través de los cauces legalmente establecidos. Un cónclave, impulsado entre otras figuras conocidas por el empresario Mario Conde a través de la Fundación Civil, que desarrollará un amplio programa bajo el lema “Tomemos la palabra. Pasemos a la acción”.

Realmente, me parece una actividad acertadísima, ya que –como bien indica el manifiesto– nos encontramos ante un momento histórico en el que es imprescindible estimular y desarrollar la participación de los ciudadanos en la política, así como el debate de la propia sociedad sobre los asuntos que a ella afectan, algo prioritario si se quiere aspirar a una verdadera democracia de ciudadanos, puesto que hay que evitar que los partidos políticos tengan el monopolio del debate y de la representación política.

Sin duda, la sociedad tiene otros cauces institucionales que es necesario recuperar y revitalizar, unos caminos que son la mejor forma de recuperar la dignidad de la cosa pública y de hacer que nuestra democracia se convierta en algo real y participativo, en el que los ciudadanos tengan acceso y control sobre los órganos de poder del Estado, pues la igualdad del individuo (y de los grupos en que se integra) debe ser real y efectiva.

Igualmente, el actual sistema democrático necesita cambios en la estructura, funcionamiento y concepción de un Estado que se ha dotado de una estructura orgánica excesivamente compleja, repetitiva en funciones y competencias entre diferentes instancias, que no asegura una mayor libertad real de los ciudadanos sino que, en realidad, la limita al sustentarse en una clase política burocratizada y cerrada en sí misma, que dificulta el legítimo acceso de personas independientes a los ámbitos de poder y que cada día aleja más a la sociedad civil de quienes se erigen como sus dirigentes con pretensiones de exclusividad.

Y, por todo ello, en el Congreso tendrán lugar varias ponencias (ver programa), tales como ‘Reforma Constitucional‘, ‘Economía y Finanzas‘, ‘División de poderes‘, ‘Reforma de la Ley Electoral‘, ‘Democracia participativa‘, y ‘Poder Político y Sociedad Civil‘, tras la inauguración que realizará el presidente de la Asociación Hazteoír, Ignacio Arsuaga, quien indica, en su página web, el convencimiento de que “un grupo pequeño de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo”.

Entre los ponentes de este Congreso se encuentran el letrado de las Cortes y del Consejo de Estado, José Merchán; el licenciado el Derecho y editor de Libertad Digital, Alberto Recarte; el presidente de la Fundación VIVA, empresario y consultor, Lorenzo Abadía; el catedrático de Derecho Constitucional, Enrique Álvarez; y el presidente del Patronato de la Fundación Civil, Mario Conde.

La participación es libre pero, para quien no pueda asistir, la jornada se retransmitirá por Internet (a través de la web livestream.com) y aspira a convertirse en una cita fija en el calendario anual asociativo que, actualmente, ya representa a cerca de dos millones de personas, entre seguidores, miembros, afiliados y simpatizantes de las más de sesenta asociaciones de ámbito nacional, regional y local de toda España que han tomado la iniciativa de convocar este I Congreso.

Dicho Real Decreto modificaba el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital (aprobada por el R.D. Legislativo 1/2010) respecto a la forma de convocatoria de las Juntas Generales, indicando que «La junta general será convocada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social». Una medida que, efectivamente, facilita la reducción de cargas administrativas en los actos societarios, dados los altos costes que conllevaban publicar las convocatorias en los medios de comunicación escritos.

Así, dado que la norma es de Derecho necesario, todas las sociedades anónimas con página web (algunos tratadistas, como el Registrador Mercantil de Madrid, interpretan que también las sociedades de responsabilidad limitada) deben publicar la convocatoria a junta general, y las convocatorias a junta extraordinaria, en su página web, en el caso que la tengan (hay que recordar que todas las S.A. cotizadas deben tener su espacio en Internet). Pero la duda surge respecto de cómo acreditar que la convocatoria ha sido efectivamente publicada, dado que, tal y como se hacía anteriormente, ya era suficiente con presentar la página del diario o periódico correspondiente.

De esta manera, algunos registradores mercantiles han decidido aplicar una “moratoria de facto”, lo que evitaría consecuencias indeseadas para aquellas sociedades de capital que incumplan el procedimiento marcado en el nuevo artículo 173. Sin embargo, esa “moratoria de facto” no afecta a los socios que se consideren perjudicados por la inaplicación de la norma, que tienen abierta la vía de impugnación de la convocatoria a junta por defectos de forma, dado que la sociedad no puede demostrar que ha publicado la convocatoria en su web corporativa.

No obstante, dada dicha necesidad de las sociedades de capital, una empresa de Aragón* (ColorIURIS, A.I.E.), algo que ya comienza a ser normal por la gran implicación de este territorio en la gestación de inventos en general y en la Sociedad de la Información en particular, ha dado solución a este obstáculo generando una aplicación patentada (www.convocatoriajunta.es) que acredita fehacientemente el momento de publicación en la página web, garantizando su permanencia durante el plazo legal, con la intermediación de Tercero de Confianza y la auditoría del sitio web con fechados de tiempo emitidos por Autoridades de Fechado reconocidas, como es el caso de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

*DATO: Según un estudio sobre Propiedad Industrial, realizado por la sociedad PONS Patentes y Marcas (especializada en el asesoramiento y gestión de la Propiedad Industrial e Intelectual), Aragón es la comunidad autónoma con mayor número de patentes registradas por habitante, y cuyo porcentaje alcanza las 136 solicitudes por millón de habitantes.

Todos los marcos y todas las épocas han contado con su propia revolución civil, como fue el caso de la revolución francesa en el siglo XVIII, un conflicto social y político que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen, iniciándose con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional. Un suceso que fue motivado por la grave crisis económica que se estaba atravesando, al igual que el hecho de que los ingresos que obtenía la monarquía vinieran –únicamente– a través de los impuestos de los campesinos y burgueses, dados los privilegios de la nobleza y el clero.

Así, nuestra época, el tiempo que estamos viviendo, no podía ser menos, pese a que la situación, lógicamente, no es la misma. Sin embargo, sí podemos contemplar algunos parecidos con el ejemplo anterior, como es el caso de una grave crisis económica, el acrecentado incremento de los impuestos o los privilegios que, aún hoy, tienen algunas ‘clases sociales’.

Pero si algo diferencia, ante todo, a estos dos hitos históricos es la comunicación de la sociedad civil. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han permitido eliminar barreras que impedían la ‘conversación’ en las sociedades contemporáneas. Una conversación, la esencia más pura de la democracia, como bien explicó el Dr. Juan Freire en el año 2006, que ha ido ampliándose en el tiempo, comenzando por grupos sociales pequeños que utilizaban la comunicación cara a cara (de pocos a pocos); sin embargo, el crecimiento demográfico y el desarrollo de las agregaciones urbanas hicieron inefectiva la comunicación tradicional y provocaron la aparición de los medios de masas (de uno o pocos a muchos); pero, por el camino, quedaron aspectos esenciales de participación ciudadana que ahora, gracias a las nuevas tecnologías, ha regresado al origen aunque a una escala mucho mayor (de muchos a muchos).

Y la herramienta responsable del regreso al modelo de participación ciudadana activa y directa ha sido la Web 2.0, esto es, los blogs, los agregadores, las redes sociales, etc. Todos ellos, medios de comunicarse para la organización ciudadana, que han pasado a actuar como un control mucho más efectivo del poder político, originando grupos numerosos de ciudadanos que poseen características comunes, análogas entre sí. Este es el caso, como estamos viendo nacer actualmente, de iniciativas españolas tales como “Juventud sin futuro” o “Somos el cambio”, que utilizan la Red (Blogger, WordPress, Facebook, Twitter, etc.) para agrupar y comunicar sus manifiestos a un número importante de personas, siendo la interactividad y la multilateralidad sus aspectos más importantes, puesto que sitúan el control de la comunicación en manos del conjunto de internautas, ofreciendo la oportunidad exclusiva de generar relaciones activas y directas entre una pluralidad de personas: la Ciber-Revolución o Revolución 2.0.

La clase política, cierto es, ha tenido su momento para acercar el gobierno al ciudadano, a través de sistemas como la e-democracia o la e-cognocracia (término acuñado por el zaragozano Dr. José María Moreno Jiménez) pero, desgraciadamente, no ha querido o no ha sabido aprovecharlo. Ahora es el turno del ciudadano, cansado de contemplar la ineptitud de los políticos ante una comprometida crisis económica que ha levantado a una sociedad civil supuestamente ‘acomodada’ por el llamado “estado del bienestar” que, más que felicidad y deseo de vivir, estaba provocando desidia, apatía e inapetencia por la defensa de nuestros derechos sociales.

La llamada “Sociedad de la Información”, que es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información juegan un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas, y cuya herramienta más importante es Internet, como vehículo de la nueva Sociedad del Conocimiento, se ha constituido en una herramienta imprescindible para el desarrollo individual y colectivo de los pueblos del siglo XXI.

Esta incorporación a la vida cotidiana de los ciudadanos es tal que todo aquel que no disponga de acceso a Internet se encuentra excluido de la vida económica y social, dado que el acceso a las tecnologías de la información resulta esencial en todos los ámbitos de la vida personal, ya sea en el trabajo o el ocio, en el consumo, o en las relaciones con la Administración.

Y, si bien es cierto que estas tecnologías de las telecomunicaciones ofrecen innumerables ventajas, como la comodidad para realizar trámites que ya no nos exigen desplazarnos personalmente o la posibilidad de mejorar la eficiencia en el empleo de los recursos en el ámbito personal o laboral, tampoco está exento de importantes riesgos, dado que Internet es un medio en el que la delincuencia tecnológica pone buena parte de sus esfuerzos en tratar de sorprender a muchos usuarios, que confían en la Red y en la información que encuentran o reciben a través de ella.

Así, en gran parte de los riesgos a los que nos exponemos en Internet, existe un elemento común: el tratamiento previo de información personal, de nuestros datos personales. Todos tenemos el derecho a la protección de nuestros datos (cualquier información que nos identifica o nos puede hacer identificables, como el nombre, el NIF, una fotografía o una grabación de nuestra voz), consistente en nuestra capacidad de controlar el uso que pueda hacer de nuestros datos cualquier organización. Y, para garantizar este derecho, quienes quieran utilizar nuestros datos deben informarnos y, en su caso, pedirnos permiso, tal y como se regula en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

Pero existe una parte de la sociedad que, pese a tener los mismos derechos, se encuentran particularmente expuestos al uso de su información personal: los menores. Sus datos no sólo son relevantes en el ámbito escolar o en la salud, puesto que en la sociedad de la información los datos personales de nuestros hijos pueden ser objeto de utilización, por ejemplo, con fines comerciales, y debemos conocer las reglas que nos permitan protegerlos.

Esta mayor presencia en la Red, por parte de los menores, tiene su mayor exponente en las denominadas redes sociales, que se han convertido en una herramienta básica de su actividad cotidiana para el desarrollo de sus relaciones personales. Y, al margen de las ventajas que les ofrecen, las redes sociales también implican riesgos que, en gran medida, nacen del desconocimiento por parte de los menores de cómo ejercer un control efectivo sobre sus datos y los de terceras personas, puesto que la legislación vigente prohíbe recabar datos de menores de 14 años sin el consentimiento de padres o tutores, así como recabar datos del entorno familiar del menor, sea cual fuere su edad.

Por ello, el reto actual más importante para esta protección del menor se debe basar en la formación específica en materia de privacidad y protección de datos en el ámbito de las nuevas tecnologías, que debería ser incorporada a los programas de estudio y los currículos académicos de los formadores, incluyendo un aprendizaje que ponga en valor el uso de la información personal, de forma que los menores puedan aprender a controlar la información personal, el respeto por los derechos de terceros, e identificar los riesgos que para su privacidad y seguridad pueden presentarse en la sociedad de la información. Y los padres y tutores deben desempeñar un papel esencial en este proceso, dado que es vital que adopten una actitud más activa en el uso que hacen los menores de las nuevas tecnologías.

De esta manera, sería neceario fomentar una cultura para la protección de datos en el entorno digital, reconociendo los riesgos que pueden derivarse de Internet para los menores, resaltando las siguientes características:

• Los menores deben acceder a Internet a través de entornos personalizados.
• Los menores deben ser informados acerca de los peligros en el uso de Internet, advirtiéndoles de que no compartan o faciliten información ni intercambien fotografías, propias y de terceros, con personas desconocidas y sin saber para qué van a ser utilizados.
• Los menores deben ser informados adecuadamente, mediante una información fácilmente comprensible para ellos, cuando se recaben datos sobre su persona; asimismo, deberán adoptarse medidas tendentes a la comprobación de la edad del menor y la autenticidad del consentimiento prestado, en su caso, por los padres o tutores.

En conclusión, la problemática de la protección de datos personales en Internet constituye una pieza fundamental, siendo absolutamente necesario generar en el ciudadano una cultura para la protección de sus datos en la Sociedad de la Información, ya que de ella dependerá que cada persona pueda hacer un uso seguro de Internet para lograr no sólo un mejor nivel de vida, sino también un verdadero control sobre su información.

Cierto es que, en este espacio virtual en el que nos movemos, nos encontramos cada día más cómodos, pues podemos realizar tareas diarias en segundos que antes nos costaban, por ejemplo, una mañana entera. Ahí tenemos ejemplos como la compra de productos alimenticios, trámites varios con las Administraciones Públicas, redacciones y envíos de correos electrónicos, etc. Pero, todo ello, es siempre susceptible de posibles errores que, bien es cierto, también suceden en el mundo analógico.

Y esto es algo que el catedrático Sáez Vacas definió muy bien en su concepto de ‘infociudad‘ como ciudad complementaria, transformadora o, por qué no, sustitutoria de la ‘real’:

“El espacio informacional donde los humanos de sociedades desarrolladas, mediante terminales con botones, teclas, pantallas, contraseñas e identificadores varios, se comunican y realizan una parte creciente de sus actividades habituales y otras muchas nuevas, convertidas en señales, símbolos, lenguajes y procesos inmateriales, soportados por una potente infraestructura tecnológica de arquitectura reticular”.

Una definición a través de la cual observamos que, si bien Internet es EL instrumento del presente y del futuro que todos debemos defender por convicción en sus posibilidades, también debemos ser conscientes que, si en el mundo analógico hay seguridad que, por costumbre, ya no percibimos como tal (p.e. los semáforos), también la Red necesita sus propios parámetros de seguridad, que no serán tan diferentes de los anteriores.

No obstante, Internet nos ofrece oportunidades viables y reales para proteger nuestros derechos, tanto para los ciudadanos, entidades públicas y privadas y, claro está, para ambas a la vez. Y podemos poner dos acciones ejemplificadoras:

1.- La compra, en una tienda virtual, de una cafetera y su posterior pago por TPV (esto es, con tarjeta de crédito a través de un sistema seguro de pago).

2.- La tramitación de una solicitud a un Ayuntamiento para el arreglo de una farola que se ha fundido en nuestra calle.

Ambos procesos, aunque diferentes en la forma, son acciones que realizamos diariamente en la Red, confiando en las entidades con las que contactamos pero, como decíamos antes, siempre pueden existir diversos problemas en su proceso.

¿Es suficiente con confiar (esperanza) o debemos exigir a la Red que genere una confianza (protección) real a través de una seguridad efectiva?

El pensamiento único ha convenido que el problema son las cajas y que es un hito necesario hacerlas desaparecer, cuando la realidad es que su politización ha sido y es uno de sus errores más indiscutibles. Aunque en voz baja, sólo los sindicatos se atreven a defender a estas entidades que suponen la mitad del sistema financiero español pero, a lo largo de su historia de siglos, habrá algunas virtudes en ellas, pues no todo puede ser tan malo.

Ahora bien, ¿qué perdemos los españoles si se da carpetazo a las cajas de ahorros como ahora, casi todos, defienden? Esta y otras cuestiones nos las responde Luis Aparicio, Director de Contenidos de Invertia.com (Telefónica de España, S.A.U.), por medio de uno de sus últimos artículos, en el que nos enumera ocho ventajas que se perderían si desaparece este sector económico:

1. Inversor a largo plazo. Las cajas han sido responsables de la industrialización del país con inversores a muy largo plazo en sectores clave que han dado lugar a grandes multinacionales. Fueron un capital embrionario en telecomunicaciones, autopistas, energéticas y actualmente lo están siendo en nuevos negocios como el cable. Su falta de accionistas que busquen una rentabilidad inmediata les ha permitido hacer inversiones a muy largo plazo, muy rentables.
2. Aliadas a las pymes. Las cajas de ahorros financian al 70% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en España que representan la mayoría del tejido empresarial. Destaca la financiación a empresas con capital inferior a un millón de euros que es el grueso de ese 70%.
3. Centro de decisión en España. Frente a unos bancos cada vez más internacionalizados, las cajas mantienen la capacidad de toma de decisiones inversoras y económicas en España. No tienen tanta dependencia del momento de los mercados bursátiles, sino que están más habituadas a captar el ahorro del país y transformarlo aquí mismo en inversiones.
4. Fuerte raigambre con las clases medias. Según apuntan desde la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) el perfil del ahorrador de la caja de ahorros es una mujer entre 35 y 45 años de clase media-baja. El 80% del negocio de las cajas lo hacen con el sector privado. “La evolución de la clase media española ha ido pareja a la de las propias bajas y su mejoría y grandeza nos ha hecho grandes a nosotras”, explican desde la CECA.
5. Beneficios de la Obra Social. Las cajas invirtieron en obra social en 2009 (último dato disponible) 1.700 millones de euros. Esto supuso 170 millones de beneficiarios ese año, por lo que de media los españoles han disfrutado casi 4 veces de un servicio de la Obra Social (hospitales, residencias de ancianos, exposiciones culturales, patrocionios…) Según datos de la CECA la Obra Social crea 30.000 empleos y por cada euro que se invierte se genera otro en estas actividades.
6. Gran presencia geográfica. Las cajas de ahorros cubren el 97% del territorio nacional de forma permanente y el 3% restante a través de oficinas móviles. Tienen, pues, cubierto todo el país evitando la exclusión, tanto por problemas geográficos como por de nivel de renta. Actualmente, existen 50 millones de cuentas en las cajas de ahorros, con clientes que, lógicamente tienen más de una en distintas entidades.
7. Competencia. Las cajas han sido un elemento de indiscutible competencia en el sector financiero español hasta hacerse con la mitad del mercado de depósitos y créditos. Una competencia que se produce con los bancos, sirviéndoles de acicate y favoreciendo la mejora y rebaja de los servicios, como entre las propias cajas de ahorros. Obviamente la desaparición de un modelo reduciría la competencia en el conjunto del país.
8. Órganos de decisión heterogéneos. Las asambleas de las cajas están compuestas por una representación de los clientes de las cajas, además de los representantes de los trabajadores y otras instituciones administrativas (comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones). Una composición variada y que es interesante en cuanto recoge a los clientes, pero que también es un problema por la politización de estas entidades.

El ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez-Cascos, presentó ayer sábado su baja como afiliado del Partido Popular a través de una carta dirigida al líder ‘popular’ Mariano Rajoy, que añado íntegramente a continuación, en la que acusa a la dirección del partido por él presidida de “complicidad” ante los insultos recibidos durante el proceso de elección del candidato ‘popular’ a la presidencia del Principado de Asturias:

Señor Presidente:

A través de esta carta te comunico mi baja como afiliado en el Partido Popular, al no recibir el amparo solicitado reiteradamente al órgano competente ante los menosprecios, descalificaciones e insultos que me dirigieron otros militantes, cobijados en el membrete oficial del Partido Popular de Asturias, impunemente, sin otro pretexto que el de haber manifestado mi disponibilidad para encabezar la candidatura a las próximas elecciones autonómicas.

Puntualmente he ido remitiendo al Comité Nacional de Derechos y Garantías, con copia personal a ti como Presidente, mis cartas de denuncia (Documentos 3, 4 ,5 y 6) sobre el contenido de las Notas y las Circulares del PP de Asturias, así como sobre las declaraciones públicas realizadas por ciertas personas con cargo institucional de diputado, eurodiputado o alcalde. No solo no obtuve amparo alguno por parte de esa dirección nacional o del citado Comité, como he solicitado formalmente y he reclamado públicamente, sino que los autores de los comportamientos denunciados acaban de ser legitimados por ti y recompensados con el nombramiento que reclamaban, lo que no tiene precedentes –que yo recuerde– en la historia del partido.

Dejo el Partido Popular después de treinta y cuatro años de militancia ininterrumpida, por razones de dignidad personal. La decisión es firme y las circunstancias que la justifican las conoces sobradamente. En mi última nota manuscrita del 27 de octubre te indiqué que, en mi opinión, la política requiere dosis muy elevadas de paciencia y de flexibilidad, pero el repecto a las normas de educación y de civismo en cualquier organización no son negociables, especialmente dentro de un partido que tiene en el respeto a las personas una de sus señas de identidad más característica, tal como expresan los artículos 2 y 7 de los Estatutos.

La degradación de la convivencia dentro del Partido Popular de Asturias, al igual que la de otras facetas de la actividad interna y externa del partido, viene de lejos. Por eso hace seis años que me “exilié” voluntariamente en la organización del Partido Popular de Madrid, como muestra de rechazo a las inadmisibles acusaciones sin sanción (Documento 1) que sufrió públicamente la que fuera Delegada del Gobierno en Asturias, procedentes de la Junta Local de Gijón. Aquellas calumnias no fueron sancionadas y la veda quedó levantada, como hace dos años se volvió a demostrar (Documento 2) con el Presidente Regional, públicamente menospreciado por el alcalde de Oviedo, también sin sanción, en vísperas de unas elecciones generales cuya lista encabezó, de cuyo resultado en Asturias te hago gracia.

Este es el escenario en el que se desarrolló entre los meses de julio y octubre pasados la campaña de descalificaciones, menosprecios e insultos personales –tales como “galáctico”, “sexagenario” o “terrorista callejero”– que recibí como respuesta por solicitar un cambio profundo en la organización del Partido Popular de Asturias, y por haber ofrecido mi disponibilidad a aceptar la candidatura en las próximas elecciones autonómicas.

Todo ello no hubiera sido posible sin el consentimiento expreso, cuando no la complicidad, de la dirección general del partido que presides, a quien correspondía con oficio atajar estas conductas y velar por el cumplimiento de los Estatutos en todos los ámbitos de la organización. Las cartas enviadas por mí al Comité Nacional de Garantías y Derechos, que te vuelvo a adjuntar, confirman que tampoco a instancia de parte habéis cumplido y hecho cumplir los Estatutos, como eran deber y obligación ineludibles de la dirección nacional, y tuyas especialmente como Presidente, generándome una indefensión incompatible con una militancia digna en el partido.

Más allá de amarguras inherentes a una decisión tan difícil como dolorosa, siento que mi deber me obliga a dar este paso para hacer las paces con mi propia dignidad personal.

Con todo respeto,
Francisco Alvarez-Cascos Fernández

Añadido (02/01/2011): Incluyo enlace de la web del diario El Mundo para descargar (en formato PDF) la declaración oficial que ha realizado Francisco Álvarez-Cascos a la prensa en el día de hoy.

Así, el auto explica que tanto el dueño como la directora de la perrera presuntamente conocían el uso del Mioflex, un paralizante muscular que, con el objetivo de ahorrar costes, era inyectado indiscriminadamente ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia que, en la mayoría de las ocasiones, podía durar varios minutos, durante los cuales el animal está absolutamente consciente hasta que muere asfixiado, ya que afecta a los músculos respiratorios. Además, también detalla que, siempre presuntamente, ambas personas daban instrucciones a los veterinarios para la utilización de dicho paralizante muscular.

El supuesto horror en la perrera de Puerto Real, una empresa que figura como sociedad limitada en el registro de sociedades y cuyo administrador único y dueño de la misma es Plácido Gómez Muñoz (se da la circunstancia que el nombre de dicha sociedad es el de Asociación Protectora de animales S. L.), llevaba sucediendo durante años. Según El Refugio, este tipo de empresas que recogen animales sólo buscan, en muchos casos, ganar dinero aparentando proteger a los animales pero en ningún caso lo hacen.

Por ello, ‘El Refugio’ denunció los supuestos hechos ilícitos ante el Seprona, el 15 de junio del año 2007, iniciándose un procedimiento penal en el Juzgado nº 2 de Puerto Real, que hasta el día de hoy tiene cinco tomos con cerca de 2500 folios. De esta manera, la organización proteccionista está personada como acusación en el primer procedimiento penal contra una perrera en España, siendo los supuestos penales que se imputan los siguientes: supuestos delitos de falsedad documental y denuncia falsa, así como delito continuado de maltrato de animales.

Incrusto, a continuación, el vídeo que han elaborado desde ‘El Refugio’ para explicar este asunto:

ATENCIÓN: Este vídeo contiene fragmentos que pueden herir su sensibilidad

El tiempo pasa muy rápido, pero no así la realidad política en la capital aragonesa, ya que los socialistas siguen teniendo en Zaragoza, y en el conjunto de Aragón, un valor seguro en la figura de Juan Alberto Belloch. Según indican los datos de la encuesta de intención de voto para las municipales de 2011, elaborada por A+M para Heraldo de Aragón, el Partido Popular perdería un concejal y no tendría opciones en la capital aragonesa, ya fuera de cabeza de lista la portavoz Dolores Serrat, dirigentes carismáticos como el exalcalde José Atarés, o su dominante líder, la propia Luisa Fernanda Rudi, que en las anteriores elecciones –según otra encuesta para el mismo diario– tan sólo confiaban en ella como alcaldesa el 2’3 por ciento de los ciudadanos frente al 4’7 de Domingo Buesa, el más valorado tras el actual alcalde.

Así, en estos momentos, los socialistas sacarían más de cinco puntos de ventaja a los populares si hubiera elecciones al Ayuntamiento de Zaragoza, lo que deja a Juan Alberto Belloch un amplio margen para formar gobierno, ya sea solo en minoría o con combinaciones a varias bandas con CHA, PAR e IU. Es más, el PP no tiene opciones para ocupar la alcaldía de la capital aragonesa, salvo imposibles alianzas en las que tendría que contar con dos de los tres partidos minoritarios.

Los resultados no darían a los populares para un pacto con el PAR (solo sumarían 13 ediles de los 31), lo que tendría a su vez repercusiones importantes para formar gobierno en la DGA y seguramente en los ayuntamientos oscense y turolense, en los principales consejos comarcales y en las tres diputaciones provinciales. Así, Zaragoza capital se convertiría en el mejor bastión socialista, frente a la caída que se le augura al PSOE en los principales municipios de la provincia zaragozana, siendo este el resultado de la encuesta:

Pero, además, el informe destaca otros datos muy significativos, como el grado de conocimiento de los actuales portavoces en el Ayuntamiento: Juan Alberto Belloch (97%), Manuel Lorenzo Blasco (46,5%), José Manuel Alonso (25,2%), Dolores Serrat (22,8%) y Juan Martín (9,2%); o el resultado de la pregunta “¿Quién cree usted que sería mejor alcalde de Zaragoza?”, siendo el actual regidor del Consistorio el mejor valorado con el 25,7%, por delante de José Atarés (9,7%) y Luisa Fernanda Rudi (2,7%).

La de este miércoles, 29 de septiembre, será la primera huelga general que sufra el actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que tenía 24 años y era ayudante de Derecho Constitucional en la Universidad de León cuando vio como su predecesor al frente del socialismo español, Felipe González, recibía el primer espaldarazo a su política laboral: la huelga general del 20 de junio de 1985. La diferencia entre el estreno de González y el de Zapatero es que la huelga del miércoles se va a producir en el peor momento económico de la historia de la democracia, mientras que en 1985 coincidió con la salida de la segunda crisis del petróleo y mientras el PIB comenzaba a crecer a un ritmo del 2,5%.

Aquella primera huelga, seguida por cuatro millones de trabajadores según los organizadores y un millón según el Gobierno, fue la primera de la cuatro que sufrió Felipe González en sus 16 años en La Moncloa, pero el ex Presidente socialista no podía calibrar que en 1988, sólo tres años después, sufriría la más famosa de las siete huelgas generales que se han producido durante la democracia, cinco de las cuales han sido convocadas contra Gobiernos del PSOE (1985, 1988, 1992, 1994 y 2010), por una contra el Gobierno de Adolfo Suárez (UCD), en 1978, aunque se protestó por el alto porcentaje de desempleo en Europa y tan sólo duró una hora, y otra contra la reforma laboral de José María Aznar (PP), en 2002.

Pero, volviendo con la huelga general de 1985, no habían pasado ni tres años desde que el PSOE consiguiera su primera mayoría absoluta, cuando CC.OO. (sin UGT, que entonces era un sindicato ligado al socialismo) movilizó a la población contra la reforma de las pensiones, que aumentaba el periodo de cálculo de las pensiones de dos a ocho años, de González, uno de los detonantes que ha desencadenado también la huelga contra Zapatero, a quien critican, entre otras cosas, por modificar o ‘congelar’ las pensiones en 2011, cuando ya más del 70% de los 8,7 millones de pensionistas no cobra los 830 euros de la pensión media mensual.

En 1985, al igual que ahora, la huelga se produjo dentro de un contexto de enorme paro que afectaba a 2,7 millones de personas (el 21% de la población activa). Entonces, Felipe González, el ‘hombre vestido de pana’, dijo que convocar huelga general era “un ejercicio de irresponsabilidad grave por motivos que no son ciertos y ocultar los motivos políticos que no son confesables, y que son la oposición comunista al primer Gobierno socialista”.

Aquel llamamiento a la huelga general paralizó a las grandes empresas industriales españolas, sobre todo en Madrid, Cataluña, País Vasco, Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía. Asimismo, el paro fue masivo en el País Vasco, donde compartía la convocatoria ELA-STV, sindicato afín al PNV y mayoritario en Euskadi. En cambio, los transportes fueron objeto de una dura pugna entre los piquetes que intentaban paralizarlos y la policía que protegía su funcionamiento. Las fuerzas de seguridad consiguieron así, salvo excepciones, que se aplicase el decreto de servicios mínimos publicado por el Gobierno, que garantizaba el servicio en los transportes, sobre todo en horas punta.

Hoy, la situación es muy parecida, con una tasa de paro que está cercana a alcanzar los cinco millones de desempleados y el 20% de la población activa, una situación también crítica que ha llevado a los socialistas a aprobar en solitario una reforma laboral que, además de contar con el rechazo del resto de partidos y sindicatos, le ha valido la primera huelga general de su mandato.

Desde que el pasado domingo, el diario El País lanzara la serie (Pre)Parados, que retrata los problemas de los jóvenes en tiempos de crisis, al correo electrónico de la redacción han llegado cientos de cartas de parados, eternos becados, estudiantes perpetuos o submileuristas que, en muchos casos, vienen acompañadas de currículos llenos de esperanzas. En una aplastante mayoría, mientras los políticos se empeñan en sus luchas personales y permanentes de poder, son misivas de desahogo, de rabia y de frustración.

Y hoy, dado el gran y triste realismo de una de las cartas que han publicado hoy, escrita por una joven llamada Rocío Reina, quiero compartirla con todos a través de mi blog, porque nadie puede olvidar a esos jóvenes que, pese a su gran preparación para el día de mañana, no encuentran su recompensa cuando el futuro es ya presente para ellos:

«Cuando era pequeña mis padres siempre me decían: “Nosotros no pudimos estudiar porque no teníamos dinero. Hija, estudia para que el día de mañana no estés tan puteada como estamos nosotros”. La niña le hizo caso y hoy, 24 años después, la ya mujer tiene una licenciatura en Comunicación Audiovisual, un máster en Periodismo, títulos de F.P.O., multitud de cursos y seminarios, muchas (demasiadas) becas en importantes empresas de España, un expediente académico brillante y está PARADA.

Sin embargo, hoy siento que el resultado de todo lo que he hecho en mi vida no ha dado sus frutos. No me cuadra la realidad y encima el peso de la culpa recae a mis espaldas. ¿Qué he hecho mal? Es una pregunta que no dejo de plantearme, sobre todo, cuando voy a buscar trabajo cada mañana.

La semana pasada intenté optar a través de la bolsa de empleo de mi municipio a un contrato de formación para auxiliar administrativa. El chico que me atendió me sugirió que estaba “sobrecualificada” para el puesto, tuve que hacerle otro currículum en el que mis estudios se reducían hasta bachillerato y los trabajos a aquellos temporales que desempeñé para costearme mis estudios: camarera, teleoperadora, promotora, azafata,… Empecé a redactarlo con lágrimas recorriéndome las mejillas, sentía que estaba borrando todos los méritos que había cosechado, sentía que cada vez que marcaba un éxito y una experiencia con el ratón y le daba al botón “supr” del teclado borraba parte de mi vida, de mis sueños y de mis ilusiones.

Todo lo que he estado labrándome para un futuro mejor, no ha servido para nada. No hay trabajo, no lo encuentro por ningún sitio. Estoy hastiada de ver como un país vacía a lo largo del día el saco de esperanzas con el millones de españoles salimos a buscar trabajo cada mañana. España, que tanto presumía de ser un país lleno de privilegios, defrauda y engaña a jóvenes “preparados” como yo, que llevo trabajando desde que tenía 16 años, sin tan siquiera darnos la más mínima oportunidad de demostrar nuestras aptitudes.

No puedo evitar un repentino sentimiento de odio e ira hacia ella por haberme usurpado las fantasías que alimentaron mi niñez, por despreciarme y no ser capaz de ofrecerme nada, ni tan siquiera una vía de escape, ante mi desolación y desesperación. Con un poco de suerte el próximo mes estaré de au-pair en Reino Unido cuidando niños en una familia que me ofrece cama y comidas a cambio de 60 euros a la semana. ¿Miedo? Ya no tiene sentido la palabra miedo, cuando ya nada puede perderse, se tiene todo ganado. Y si España no quiere saber nada de mí y si no le importa lo que puede pasarme, yo tampoco quiero saber nada de España. ¿Sabéis lo que me dicen ahora mis padres? “Si nosotros tuviésemos tu edad, también nos iríamos”.»

El pasado 28 de abril, el Refugio de Animales de Cambados (Pontevedra), del que ya he hablado en más de una ocasión, celebraba el undécimo aniversario de su fundación, un ‘pequeño oasis’ en el que las mascotas -prioritariamente perros- han ido encontrando desde entonces un hogar, un médico, un psicólogo y, sobre todo, una familia, esto es, una oportunidad de ser felices.

Una obra social que hay que agradecer a Olga Costa, alma máter de la organización, que ha demostrado, día a día, ser una maravillosa persona a la que tanto debemos agradecer todos los ciudadanos. Por sus manos han pasado miles de animales y de todos ellos guarda, por pequeño que sea, un recuerdo, ya que son (como) parte de su familia y transmite a sus socios esa pasión por el mundo de los que caminan sobre cuatro patas.

Echando la vista atrás, el colectivo ha dado asilo durante estos once años a más de 3.500 perros e, igual de importante, ha impedido que nacieran entre 7.000 y 10.000 canes, dado que una sola pareja de cánidos puede llegar a tener varias camadas que sumen hasta 30 cachorros en un solo año, que estarían lamentablemente condenados a vivir en la calle, lo que sin duda es un número realmente importante para una localidad como Cambados.

Pero la labor del refugio no se centra solo en esta parcela. El proceso es completo y comprende desde la recogida hasta la entrega final a los nuevos dueños, pasando por todas las fases intermedias de cuidado, papeleo burocrático y legal, identificación, denuncia –si el caso lo requiere– y tratamiento. Y, todo ello, a pesar que sus recursos económicos son muy limitados, aunque poco a poco van contando con la colaboración desinteresada de muchas personas anónimas, pero salen adelante con tesón y muchas ganas de hacer cosas.

Si bien, no solo de perros ‘vive’ el Refugio, ya que durante estos once años han pisado estas instalaciones varios gatos, una iguana y hasta un burro, siendo la misma forma de proceder con estas otras clases de animales, brindándoles la atención prioritaria para que no sufran y para que se estabilicen, ya que suelen llegar en malas condiciones y, acto seguido, empiezan las gestiones para darles traslado a otros centros especializados.

Así, el último ejemplo de esta extraordinaria labor lo encontramos con la recogida de Bella, una joven perra labradora embarazada, de color negro, que dormía al lado de una tumba en el cementerio de Cambados, que fue rescatada por Olga y Gonzalo, dándole un lugar de acogida en el albergue y ayudándola a parir a once cachorros, tantos como años lleva trabajando el Refugio de Animales de Cambados por estos seres vivos que, por Ley (aunque no se note mucho), tienen unos derechos inalienables e inviolables.

¡¡FELICIDADES, OLGA!! ¡¡FELICIDADES, REFUGIO!!