El Constitucional censura la Ley Hadopi de Sarkozy

11 de junio de 2009

El Consejo Constitucional de Francia, la autoridad constitucional más alta del país, ha censurado la conocida como Ley Hadopi (ley antipiratería) de Nicolas Sarkozy, que castiga las descargas ilegales, que fue aprobada por la asamblea francesa el pasado mes de mayo. Sus nueve miembros, incluidos Giscard d’Estaing y Jacques Chirac, han considerado que el texto en cuestión vulnera la presunción de inocencia y cuestiona el derecho a la información.

Una argumentación que se parece bastante a la doctrina comunitaria, así como el hecho de que el Consejo Constitucional haya discutido que una autoridad administrativa pueda atribuirse la prerrogativa de interrumpir del suministro de Internet a los consumidores. Hecho por el que la ley antipiratería deberá ajustarse a los criterios de constitucionalidad, perdiendo en el camino muchas de sus ambiciones, y empezando porque recaerá en el juez y no en la Autoridad gubernamental la decisión de valorar los casos de descargas de contenidos protegidos por derechos de autor y las eventuales sanciones.

El Consejo Constitucional ha justificado el veredicto, nada menos, en la defensa de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 (descarga en PDF). Obviamente, por aquel entonces no existía Internet, pero los miembros del sanedrín constitucional han invocado a la libertad de expresión y de comunicación, así como anteponen el principio de la presunción de inocencia, sosteniendo que la ley de Nicolas Sarkozy la vulnera y contraviene igualmente el derecho a informarse, tal y como ha señalado —en un comunicado— con la siguiente frase: “Estos poderes podrían recortar el derecho universal a expresarse y comunicarse libremente”.

La novedad que introduce el Constitucional radica en la presunción de inocencia de los usuarios de Internet —no se les puede condenar a priori— y en la legitimidad “incuestionable” del juez, por lo que los magistrados tendrán que valorar, a partir de ahora, las novedades punitivas que entraña la ley, aunque el hecho de derivarse la piratería al control judicial sobreentiende, en la práctica, que los expedientes con denuncias van a ser muy superiores a la posibilidad de tratarlos.

Esta decisión, que ha dado la razón al Partido Socialista francés —que presentó un recurso de inconstitucionalidad del texto legislativo al considerarlo contrario a la Carta Magna—, ha supuesto un auténtico varapalo para el presidente francés y para los miembros de su partido (UMP) que se han ocupado de ponerla en órbita durante un año, llegando a pensar el haberlo conseguido el 13 de mayo, tras toda clase de polémicas y contratiempos, pero el voto de censura de Giscard d’Estaing, Jacques Chirac y sus colegas del Consejo inhabilita los poderes de Hadopi.

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